Lo siento pero no puedo aceptar, como jurista, que se
califique como preso político a quien ha sido condenado por un tribunal legítimamente
constituido y en un estado de derecho, con acceso los recursos e incluso a los
Tribunales Europeos de Derechos Humanos. Puedo entenderlo del propio afectado,
pero de personas que aspiran a gobernar me parece una falta de respeto a todos los ciudadanos, porque
al final las leyes que han servido para condenarlo han sido aprobadas por las
Cortes Generales, compuestas por los representantes del pueblo libremente y democráticamente
elegidos.
Otra cosa bien diferente, es que pensemos que no debe ser
objeto de tipicidad penal las conductas por las que fue condenado, o que las
penas eran excesivamente rigurosas. Pero ese debate no corresponde a la Justicia
ni a los jueces que únicamente deben aplicar la Ley. Ese debate corresponde el parlamento,
depositario de la soberanía nacional, que debe ser el que determine las
conductas típicas y las penas, y que yo recuerde ninguno de los partidos que
acudieron a las últimas elecciones incluidos los que ahora lo califican de
preso político, en su programa electoral estaba destipificar o rebajar las
penas de los delitos por los que fue condenado.
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