lunes, 4 de diciembre de 2017

EL PROBLEMA NO ES EL AMARILLO



Artículo publicado en Expansión el 4 de diciembre de 2017

Las administraciones públicas, son gobernadas por políticos, generalmente pertenecientes a partidos políticos, y ocupan el cargo temporalmente. Por ello, siempre se ha exigido una marcada diferencia entre las administraciones y el partido u opción política que las gobierna, precisamente en las dictaduras se confunden el partido y la administración, siendo ambas una sola cosa. Por el contrario, en democracia, la propia ley delimita perfectamente la administración pública de los partidos políticos.

Y es en periodo electoral, cuando esa neutralidad política de la administración, se exige que sea impoluta, y así lo recoge nuestra legislación electoral, al establecer en el art. 50.2 de la LOREG, la prohibición de cualquier similitud entre lo público y lo político.

Todo lo expuesto, y que resulta absolutamente elemental en cualquier democracia, es quizás mucho más simple y se basa en un concepto poco jurídico y mucho más humano: el respeto a los demás. Si realmente respetásemos la pluralidad no  haría falta ninguna norma.

Y llegamos a la situación actual, la Junta Electoral ha ordenado la retirada de las pancartas en los balcones de diferentes Ayuntamientos pidiendo la libertad de presos políticos y las iluminaciones con el color amarillo de algunas fuentes. El problema no es el amarillo ni las pancartas, el problema es la falta de respeto a la pluralidad política que representa la utilización de lugares públicos para anunciar un posicionamiento político. Es muy simple, tres partidos llevan en su programa la libertad de los presos y el resto no. Y la utilización de lazos amarillos es posicionamiento político de unos partidos que acuden a estas elecciones, y no me vale que es una cuestión de derechos humanos o de libertades individuales, es una cuestión política. Así pues, se están utilizando bienes públicos para un mensaje político, y eso solo puede entenderse de quien no respeta a los demás. Lo mismo ha ocurrido en Cataluña en relación a las banderas estelades, la utilización de una bandera que representa una opción política de solo una parte de la población catalana en lugares públicos por parte de muchos Ayuntamientos, solo se explica por la falta de respeto a los restantes ciudadanos y la carencia de convicciones democráticas de quien así actúa.


Pere Lluis Huguet Tous

@perehuguet

miércoles, 15 de noviembre de 2017

SEGUIR JUNTOS LA MÁS ILUSIONANTE DE LAS OPCIONES PARA CATALUNYA

Artículo publicado en el servicio de firmas de EFE el 15 de Noviembre de 2017



No reconozco la tierra en la que nací, no reconozco a mi Cataluña natal. Yo nací y crecí en una tierra de tolerancia, abierta, en donde los amigos, todos de ideologías diferentes, hablaban, discutían con pasión defendiendo sus ideas, siempre desde el respeto mutuo, y luego nos reíamos. Siempre me ha resultado aburrida la tertulia de los que piensan igual, y poder discutir, platicar e intercambiar ideas era un forma maravillosa de enriquecernos como personas. Todo eso ha desaparecido, bueno casi ha desaparecido. Ahora los grupos de amigos pactan no hablar del “monotema” para evitar enfrentamientos personales, qué triste, o simplemente se excluye al diferente para evitar situaciones tensas, más triste aun. Ahora nuestra sociedad se ha polarizado, nos hemos radicalizado,  como si no fuera posible llegar a un entendimiento; y por lo tanto,  como si no fuera posible en la tierra del “seny” y el pacto, convivir todos. Convivir es no solo compartir espacio, es también poder exponer posiciones e ideas sin temer ser rechazado.

No reconozco a esa parte de Cataluña que aboga por provocar una crisis económica en nuestra propia tierra simplemente para forzar entendimientos desde el chantaje. Me indigna que se ponga en peligro lo que, entre todos, hemos construido, simplemente por la incapacidad de obtener una mayoría suficiente para avanzar hacia la independencia. Porque como dijo la noche electoral del 27S el Sr. Baños el 47,8 % de los votos solo servía para seguir avanzando para buscar la mayoría y no para declarar la independencia. Esa mayoría  que define el Tribunal Supremo de Canadá como mayoría clara, en la Sentencia sobre el Quebec, que tanto gusta a los independentistas, pero que, o no han leído o no han entendido. Reconozco aun menos a esa Cataluña –antes europeísta y abierta- que es capaz de poner en peligro la estabilidad de Europa, con ayuda de Rusia, simplemente para favorecer los intereses políticos de una parte, para seguir con el chantaje, esperando que un grave conflicto en Europa les dé, lo que en las urnas no consiguieron. Y  no me hablen más del mandato del 1O, porque fue todo menos un referéndum democrático, no reconocido por nadie, ni siquiera por sus observadores internacionales.

No reconozco a esa Cataluña intolerante, esa que simplemente por pensar diferente pretende señalarte e insultarte. Esa de los que te dicen que les sorprende que tú, catalán de ocho apellidos, no “estés con nosotros”, los que piensan que el pueblo de Cataluña solo lo forma quien tienen apellidos catalanes y los demás son, “los otros” y olvidan que Cataluña es lo que es hoy, gracias a los miles de apellidos no catalanes que dejaron sus tierras y vinieron aquí, a buscar una vida mejor pero también a construir la Cataluña que hoy disfrutamos.

Y ahora se han convocado unas elecciones, elecciones que deben servir para empezar a coser nuestra sociedad, es una realidad que hay una parte muy importante de la sociedad catalana que aboga por la independencia, y otra que no. Pero lo que no puede salir de la próxima contienda electoral es la continuidad del enfrentamiento, tan legítimo es proponer la independencia de Catalunya como defender lo contrario, siempre que utilicemos los cauces legales, y quizás aquí estriba el problema y la solución.

En una sociedad democrática el respeto a las leyes, que democráticamente nos hemos otorgado, es la base de la convivencia y eso  se ha roto en Catalunya. Debemos recuperar  el respeto a la Ley como base de esa convivencia rota, es perfectamente posible que quien crea en la independencia de Catalunya la defienda dentro del marco legal y luche precisamente para, dentro de dicho marco, cambiar las leyes que hagan que sea posible la independencia, ese es el juego de la democracia. En democracia no caben unilateralidades ni imposiciones, solo cabe el convencer.

Y por ello, dentro del marco legal estamos obligados a encontrar una solución. Recuperemos el espíritu que siempre ha caracterizado nuestra tierra, recuperemos el pacto. Seamos capaces de reconocer que no siempre las cosas se han hecho bien, que podemos mejorar nuestro marco de convivencia que es la Constitución, olvidemos enfrentamientos, unilateralidades, y no tiremos a la basura los casi 40 años de democracia, aprovechémoslos para avanzar, para recuperar una sociedad abierta y tolerante. Debemos empezar a coser las heridas desde el inicio de la campaña electoral.

Pero somos nosotros, los catalanes, los que estamos obligados a encontrar nuestra solución, no esperemos que nadie nos la busque, no esperemos que la Unión Europea o la ONU, o cualquier otro organismo, intente solucionar nuestros problemas. Si no somos capaces de hacerlo nosotros, ponemos en peligro nuestro futuro, nadie confiará en una sociedad que es incapaz de resolver sus problemas. Quienes no creemos que la independencia de Catalunya sea el mejor de los futuros, quienes creemos en una España unida y diversa, y en una Europa multicultural, quizás debamos ver que ha llegado el momento de convencer y de proponer. Debemos desde ya trabajar para que seguir juntos sea la más ilusionante de las opciones.

Pere Lluís Huguet Tous

@perehuguet

jueves, 2 de noviembre de 2017

LAS MENTIRAS DE PUIGDEMONT

Artículo publicado en Diari de Tarragona el 2 de noviembre de 2017



El pasado martes en Bruselas el Ex president Puigdemont, realizó una graves acusaciones a la justicia Española, la acusó de no garantizar sus derechos, de que no existen garantías para un juicio justo, e incluso llegó a decir que existe impunidad de la extrema derecha. Creo que todo ello merece ser analizado, aunque ya por sí solo resulte a todas luces incierto.

En relación a lo último, la referida impunidad de la extrema derecha, quizás convenga recordarle a nuestro ex presidente que justo esta semana los ultras que entraron en Blanquerna se les ha ordenado el ingreso en prisión con penas de hasta cuatro años, y que, los que agredieron a manifestantes en Valencia, fueron identificados, detenidos, y están pendientes de juicio.

Nuestra Administración de justicia no es perfecta, somos muchos los que criticamos su tradicional carencia de medios, los defectos de muchas leyes procesales, entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a tenor de las declaraciones del abogado del Sr. Puigdemon, Jaume Alonso Cuevillas, sobre la necesidad de contar con más tiempo para preparar la defensa y que la citación prematura puede producir indefensión, debo darle la razón. Efectivamente, uno de los problemas de nuestra justicia es su lentitud, pero en algunos casos los abogados nos vemos conminados a preparar la defensa no en días, ni siquiera en horas, sino en minutos y todo ello desde la aprobación de la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado mediante la Ley 38/2002. En estos supuestos los abogados debemos asesorar a nuestro cliente si aceptar la pena solicitada por el fiscal, y obtener así una rebaja de la misma, o indicarles que hay causa para obtener una absolución en el juicio Oral todo ello en minutos, de pie o sobre el mostrador en el juzgado de guardia, ya se que no son delitos tan graves como la sedición o la rebelión, pero para el ciudadano sometido a juicio seguro que es el más importante. Nos gustaría que la ley permitiera un cierto margen para un estudio más sosegado de un asesoramiento que puede llevar a la privación de libertad.

Pero resulta sorprendente que, quien ahora se queja de la premura de las citaciones judiciales, ha tenido en su gobierno un Consejero de Justicia con las competencias en dicha materia trasferidas. Consejero que nunca ha mostrado queja alguna a la situación del enjuiciamiento en juicios rápidos; es más, si indagamos en el trámite parlamentario observamos que la “paternidad” de la mencionada ley, la que obliga a los abogados a preparar la defensa en minutos, se la atribuía CiU en el pleno del Congreso de los Diputados que aprobó la ley, y así el diputado Sr. Silva decía: “Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán debe congratularse, y así́ lo hace, de que una iniciativa como la introducción o el refuerzo en nuestro ordenamiento jurídico de los juicios rápidos e inmediatos, que entendemos que es paternidad del Grupo Parlamentario Catalán pueda ser objeto de aprobación inicial por el Congreso en el día de hoy” (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 27 junio de 2002). Por ello resulta hoy paradójico que, quien pertenece al mismo partido -o a su sucesor PDCAT-,  pida ahora más tiempo para preparar la defensa, cuando en la ley, cuya paternidad reclamaron no se contempló para los abogados en los juicios rápidos. Pero tampoco goza de mayor tiempo el abogado que asume la defensa de un detenido por cualquier delito grave, -asesinato por ejemplo- tendrá como mucho para preparar su defensa las 72 horas en que como máximo puede tardar la puesta a disposición judicial y por lo tanto su declaración y la comparecencia del articulo 505 de la Lecrm. para la adopción de medidas cautelares. En definitiva, pues, los abogados de los miles de ciudadanos que en España han sido detenidos no han dispuesto de más de 72 horas para preparar su defensa, la mayoría de ellas sin tener copia del atestado hasta el momento de la declaración. Coincido con el profesor Alonso Cuevillas de que nos gustaría disponer de más tiempo, pero también debemos recordar un principio de igualdad ante la ley, ¿hay alguna razón especial para que el Sr.Puigdemont no sea igual al resto de ciudadanos españoles?

El ex presidente también ha acusado a nuestra justicia de carecer de imparcialidad y de que no puede garantizar un juicio justo. Y qué mejor que acudir a las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para saber si la afirmación del Sr, Puigdemont tiene algún fundamento o si es otra de las acusaciones infundadas que ha dirigido a nuestro Estado. Pues bien, en el periodo 2014-2016 las sentencias condenatorias por haber infringido los derechos humanos, entre ellos el derecho a un juicio justo, en cada uno de los países con jurisdicción del Tribunal nos dan datos muy reveladores de la calidad de la justicia en los países europeos; así, en dicho periodo se condenó por vulneración de los derechos humanos a Suiza en 14 ocasiones, 13 a Suecia, 67 a Francia, 17 a Holanda, 1 a Alemania y 5 al Reino Unido, a España se la condenó en 8 ocasiones. Como puede verse estamos mucho mejor que los países de nuestro entorno, aquellos a cuya sede acude ahora el Ex President a intentar poner en evidencia nuestro sistema judicial, que, con defectos, es según parece mucho más seguro que el de la mayoría. Y si analizamos las estadísticas desde 1979, cuando España firmó el tratado, observamos que estamos muy por debajo de la media de condenas, incluso de la media de los países de la UE. Por ello, solo podemos concluir que el Sr. Puigdemont miente cuando dice que en España no puede garantizarse un juicio justo. España es un Estado de derecho homologable a los restantes países europeos, siempre mejorable, por supuesto. En España existe la independencia judicial, a diferencia del diseño del nuevo estado que pretendía implantar la ley de transitoriedad jurídica, donde ésta desaparecía ya que los jueces habrían sido nombrados por el poder político.


Sr. Puigdemont ya no cuelan sus mentiras.