viernes, 29 de diciembre de 2017
lunes, 11 de diciembre de 2017
lunes, 4 de diciembre de 2017
EL PROBLEMA NO ES EL AMARILLO
Artículo publicado en Expansión el 4 de diciembre de 2017
Las administraciones públicas, son gobernadas por políticos, generalmente
pertenecientes a partidos políticos, y ocupan el cargo temporalmente. Por ello,
siempre se ha exigido una marcada diferencia entre las administraciones y el
partido u opción política que las gobierna, precisamente en las dictaduras se
confunden el partido y la administración, siendo ambas una sola cosa. Por el
contrario, en democracia, la propia ley delimita perfectamente la administración
pública de los partidos políticos.
Y es en periodo electoral, cuando esa neutralidad política de la
administración, se exige que sea impoluta, y así lo recoge nuestra legislación
electoral, al establecer en el art. 50.2 de la LOREG, la prohibición de cualquier
similitud entre lo público y lo político.
Todo lo expuesto, y que resulta
absolutamente elemental en cualquier democracia, es quizás mucho más simple y
se basa en un concepto poco jurídico y mucho más humano: el respeto a los
demás. Si realmente respetásemos la pluralidad no haría falta ninguna norma.
Y llegamos a la situación actual,
la Junta Electoral ha ordenado la retirada de las pancartas en los balcones de
diferentes Ayuntamientos pidiendo la libertad de presos políticos y las iluminaciones
con el color amarillo de algunas fuentes. El problema no es el amarillo ni las
pancartas, el problema es la falta de respeto a la pluralidad política que
representa la utilización de lugares públicos para anunciar un posicionamiento
político. Es muy simple, tres partidos llevan en su programa la libertad de los
presos y el resto no. Y la utilización de lazos amarillos es posicionamiento político
de unos partidos que acuden a estas elecciones, y no me vale que es una
cuestión de derechos humanos o de libertades individuales, es una cuestión
política. Así pues, se están utilizando bienes públicos para un mensaje
político, y eso solo puede entenderse de quien no respeta a los demás. Lo mismo
ha ocurrido en Cataluña en relación a las banderas estelades, la utilización de
una bandera que representa una opción política de solo una parte de la
población catalana en lugares públicos por parte de muchos Ayuntamientos, solo
se explica por la falta de respeto a los restantes ciudadanos y la carencia de
convicciones democráticas de quien así actúa.
Pere Lluis Huguet
Tous
@perehuguet
miércoles, 15 de noviembre de 2017
SEGUIR JUNTOS LA MÁS ILUSIONANTE DE LAS OPCIONES PARA CATALUNYA
Artículo publicado en el servicio de firmas de EFE el 15 de Noviembre de 2017
No reconozco la tierra en la que nací, no reconozco a mi Cataluña natal. Yo
nací y crecí en una tierra de tolerancia, abierta, en donde los amigos, todos
de ideologías diferentes, hablaban, discutían con pasión defendiendo sus ideas,
siempre desde el respeto mutuo, y luego nos reíamos. Siempre me ha resultado
aburrida la tertulia de los que piensan igual, y poder discutir, platicar e
intercambiar ideas era un forma maravillosa de enriquecernos como personas.
Todo eso ha desaparecido, bueno casi ha desaparecido. Ahora los grupos de
amigos pactan no hablar del “monotema” para evitar enfrentamientos personales,
qué triste, o simplemente se excluye al diferente para evitar situaciones tensas,
más triste aun. Ahora nuestra sociedad se ha polarizado, nos hemos
radicalizado, como si no fuera posible
llegar a un entendimiento; y por lo tanto, como si no fuera posible en la tierra del
“seny” y el pacto, convivir todos. Convivir es no solo compartir espacio, es
también poder exponer posiciones e ideas sin temer ser rechazado.
No reconozco a esa parte de Cataluña que aboga por provocar una crisis
económica en nuestra propia tierra simplemente para forzar entendimientos desde
el chantaje. Me indigna que se ponga en peligro lo que, entre todos, hemos
construido, simplemente por la incapacidad de obtener una mayoría suficiente
para avanzar hacia la independencia. Porque como dijo la noche electoral del
27S el Sr. Baños el 47,8 % de los votos solo servía para seguir avanzando para
buscar la mayoría y no para declarar la independencia. Esa mayoría que define el Tribunal Supremo de Canadá como
mayoría clara, en la Sentencia sobre el Quebec, que tanto gusta a los
independentistas, pero que, o no han leído o no han entendido. Reconozco aun
menos a esa Cataluña –antes europeísta y abierta- que es capaz de poner en
peligro la estabilidad de Europa, con ayuda de Rusia, simplemente para
favorecer los intereses políticos de una parte, para seguir con el chantaje,
esperando que un grave conflicto en Europa les dé, lo que en las urnas no
consiguieron. Y no me hablen más del
mandato del 1O, porque fue todo menos un referéndum democrático, no reconocido
por nadie, ni siquiera por sus observadores internacionales.
No reconozco a esa Cataluña intolerante, esa que simplemente por pensar
diferente pretende señalarte e insultarte. Esa de los que te dicen que les
sorprende que tú, catalán de ocho apellidos, no “estés con nosotros”, los que
piensan que el pueblo de Cataluña solo lo forma quien tienen apellidos
catalanes y los demás son, “los otros” y olvidan que Cataluña es lo que es hoy,
gracias a los miles de apellidos no catalanes que dejaron sus tierras y vinieron
aquí, a buscar una vida mejor pero también a construir la Cataluña que hoy
disfrutamos.
Y ahora se han convocado unas elecciones, elecciones que deben servir para
empezar a coser nuestra sociedad, es una realidad que hay una parte muy importante
de la sociedad catalana que aboga por la independencia, y otra que no. Pero lo
que no puede salir de la próxima contienda electoral es la continuidad del
enfrentamiento, tan legítimo es proponer la independencia de Catalunya como
defender lo contrario, siempre que utilicemos los cauces legales, y quizás aquí
estriba el problema y la solución.
En una sociedad democrática el respeto a las leyes, que democráticamente nos
hemos otorgado, es la base de la convivencia y eso se ha roto en Catalunya. Debemos recuperar el respeto a la Ley como base de esa
convivencia rota, es perfectamente posible que quien crea en la independencia
de Catalunya la defienda dentro del marco legal y luche precisamente para,
dentro de dicho marco, cambiar las leyes que hagan que sea posible la independencia,
ese es el juego de la democracia. En democracia no caben unilateralidades ni
imposiciones, solo cabe el convencer.
Y por ello, dentro del marco legal estamos obligados a encontrar una
solución. Recuperemos el espíritu que siempre ha caracterizado nuestra tierra,
recuperemos el pacto. Seamos capaces de reconocer que no siempre las cosas se
han hecho bien, que podemos mejorar nuestro marco de convivencia que es la
Constitución, olvidemos enfrentamientos, unilateralidades, y no tiremos a la
basura los casi 40 años de democracia, aprovechémoslos para avanzar, para
recuperar una sociedad abierta y tolerante. Debemos empezar a coser las heridas
desde el inicio de la campaña electoral.
Pero somos nosotros, los catalanes, los que estamos obligados a encontrar
nuestra solución, no esperemos que nadie nos la busque, no esperemos que la
Unión Europea o la ONU, o cualquier otro organismo, intente solucionar nuestros
problemas. Si no somos capaces de hacerlo nosotros, ponemos en peligro nuestro futuro,
nadie confiará en una sociedad que es incapaz de resolver sus problemas.
Quienes no creemos que la independencia de Catalunya sea el mejor de los
futuros, quienes creemos en una España unida y diversa, y en una Europa
multicultural, quizás debamos ver que ha llegado el momento de convencer y de
proponer. Debemos desde ya trabajar para que seguir juntos sea la más
ilusionante de las opciones.
Pere Lluís Huguet Tous
@perehuguet
jueves, 2 de noviembre de 2017
LAS MENTIRAS DE PUIGDEMONT
Artículo publicado en Diari de Tarragona el 2 de noviembre de 2017
El pasado martes en Bruselas el Ex president Puigdemont, realizó una graves
acusaciones a la justicia Española, la acusó de no garantizar sus derechos, de
que no existen garantías para un juicio justo, e incluso llegó a decir que
existe impunidad de la extrema derecha. Creo que todo ello merece ser
analizado, aunque ya por sí solo resulte a todas luces incierto.
En relación a lo último, la referida impunidad de la extrema derecha,
quizás convenga recordarle a nuestro ex presidente que justo esta semana los
ultras que entraron en Blanquerna se les ha ordenado el ingreso en prisión con
penas de hasta cuatro años, y que, los que agredieron a manifestantes en
Valencia, fueron identificados, detenidos, y están pendientes de juicio.
Nuestra Administración de justicia no es perfecta, somos muchos los que
criticamos su tradicional carencia de medios, los defectos de muchas leyes procesales,
entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a tenor de las declaraciones
del abogado del Sr. Puigdemon, Jaume Alonso Cuevillas, sobre la necesidad de
contar con más tiempo para preparar la defensa y que la citación prematura
puede producir indefensión, debo darle la razón. Efectivamente, uno de los
problemas de nuestra justicia es su lentitud, pero en algunos casos los
abogados nos vemos conminados a preparar la defensa no en días, ni siquiera en
horas, sino en minutos y todo ello desde la aprobación de la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado
mediante la Ley 38/2002. En estos supuestos los abogados debemos asesorar a
nuestro cliente si aceptar la pena solicitada por el fiscal, y obtener así una
rebaja de la misma, o indicarles que hay causa para obtener una absolución en
el juicio Oral todo ello en minutos, de pie o sobre el mostrador en el juzgado
de guardia, ya se que no son delitos tan graves como la sedición o la rebelión,
pero para el ciudadano sometido a juicio seguro que es el más importante. Nos
gustaría que la ley permitiera un cierto margen para un estudio más sosegado de
un asesoramiento que puede llevar a la privación de libertad.
Pero resulta sorprendente que, quien ahora se queja de la premura de las
citaciones judiciales, ha tenido en su gobierno un Consejero de Justicia con
las competencias en dicha materia trasferidas. Consejero que nunca ha mostrado
queja alguna a la situación del enjuiciamiento en juicios rápidos; es más, si
indagamos en el trámite parlamentario observamos que la “paternidad” de la mencionada
ley, la que obliga a los abogados a preparar la defensa en minutos, se la atribuía
CiU en el pleno del Congreso de los Diputados que aprobó la ley, y así el
diputado Sr. Silva decía: “Señorías, el
Grupo Parlamentario Catalán debe congratularse, y así́ lo hace, de que una
iniciativa como la introducción o el refuerzo en nuestro ordenamiento jurídico
de los juicios rápidos e inmediatos, que entendemos que es paternidad del Grupo
Parlamentario Catalán pueda ser
objeto de aprobación inicial por el Congreso en el día de hoy” (Diario de
sesiones del Congreso de los Diputados de 27 junio de 2002). Por ello resulta
hoy paradójico que, quien pertenece al mismo partido -o a su sucesor PDCAT-, pida ahora más tiempo para preparar la defensa,
cuando en la ley, cuya paternidad reclamaron no se contempló para los abogados
en los juicios rápidos. Pero tampoco goza de mayor tiempo el abogado que asume
la defensa de un detenido por cualquier delito grave, -asesinato por ejemplo-
tendrá como mucho para preparar su defensa las 72 horas en que como máximo
puede tardar la puesta a disposición judicial y por lo tanto su declaración y
la comparecencia del articulo 505 de la Lecrm. para la adopción de medidas
cautelares. En definitiva, pues, los abogados de los miles de ciudadanos que en
España han sido detenidos no han dispuesto de más de 72 horas para preparar su
defensa, la mayoría de ellas sin tener copia del atestado hasta el momento de
la declaración. Coincido con el profesor Alonso Cuevillas de que nos gustaría disponer
de más tiempo, pero también debemos recordar un principio de igualdad ante la
ley, ¿hay alguna razón especial para que el Sr.Puigdemont no sea igual al resto
de ciudadanos españoles?
El ex presidente también ha acusado a nuestra justicia de carecer de
imparcialidad y de que no puede garantizar un juicio justo. Y qué mejor que
acudir a las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para saber
si la afirmación del Sr, Puigdemont tiene algún fundamento o si es otra de las
acusaciones infundadas que ha dirigido a nuestro Estado. Pues bien, en el
periodo 2014-2016 las sentencias condenatorias por haber infringido los
derechos humanos, entre ellos el derecho a un juicio justo, en cada uno de los
países con jurisdicción del Tribunal nos dan datos muy reveladores de la
calidad de la justicia en los países europeos; así, en dicho periodo se condenó
por vulneración de los derechos humanos a Suiza en 14 ocasiones, 13 a Suecia,
67 a Francia, 17 a Holanda, 1 a Alemania y 5 al Reino Unido, a España se la
condenó en 8 ocasiones. Como puede verse estamos mucho mejor que los países de
nuestro entorno, aquellos a cuya sede acude ahora el Ex President a intentar
poner en evidencia nuestro sistema judicial, que, con defectos, es según parece
mucho más seguro que el de la mayoría. Y si analizamos las estadísticas desde
1979, cuando España firmó el tratado, observamos que estamos muy por debajo de
la media de condenas, incluso de la media de los países de la UE. Por ello,
solo podemos concluir que el Sr. Puigdemont miente cuando dice que en España no
puede garantizarse un juicio justo. España es un Estado de derecho homologable
a los restantes países europeos, siempre mejorable, por supuesto. En España
existe la independencia judicial, a diferencia del diseño del nuevo estado que
pretendía implantar la ley de transitoriedad jurídica, donde ésta desaparecía ya
que los jueces habrían sido nombrados por el poder político.
Sr. Puigdemont ya no cuelan sus mentiras.
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