La nueva catalanidad

Artículo publicado en Diari de Tarragona el 27 de junio de 2020

Estos días asistimos a la presentación de diversas formaciones políticas que quieren disputar el centro político catalanista. El último en dar el paso adelante ha sido Albert Batlle, ofreciéndose para liderar una formación de centro catalanista. Pero, ¿por qué ahora todo el mundo busca el centro político? creo que se debe a lo ocurrido en Catalunya en los últimos años. Con el proceso hacia la independencia las ideologías y los espacios políticos quedaron en un segundo plano, lo que primaba era la independencia como principal y único objetivo, abandonando una parte importante del espectro político catalán,  la ideología, y sustituyéndola por el ”Procés”. Si no es así, tienen difícil explicación algunas de las alianzas que se han producido, cómo podíamos imaginarnos unos pocos años atrás que CiU, o su sucesora el PdeCAT, representantes de una conservadora derecha, acudieran en una sola lista electoral con ERC, su enemigo tradicional y que, como su nombre indica, representa o ha querido representar a la izquierda independentista. No es que fuera una coalición de gobierno, lo que incluso podría ser comprensible, sino que formaron una solo lista electoral, denominada “Junts pel Sí”, con un solo programa electoral, izquierda y derecha unidas por el “procés”. O, cómo se entienden los pactos de la vieja Convergencia con los antisistema de la CUP.

 

Durante esos años todos nos radicalizamos. Los partidos constitucionalistas, principalmente C,s y PP, a los que al final se unió el PSC, alzaron la voz viendo como se vulneraban sistemáticamente sus derechos en el Parlament, ¿recuerdan?, era el juego al que llamaban astucia y del que se vanagloriaban. Pero que no era otra cosa que vulnerar los derechos democráticos de la oposición, baste solo recordar las modificaciones del reglamento de la cámara ad hoc para tramitar una ley, las leyes mantenidas en secreto, los plenos convocados urgentemente, las modificaciones sorpresivas del orden del día, etc., desembocando finalmente en el 6 y 7 de septiembre, una de las paginas más tristes del parlamentarismo moderno. Todo ello provocó que la única manera de luchar contra las graves vulneraciones fuera alzando la voz, las sesiones del Parlament fueron cada vez más tensas, las interrupciones por cuestiones de orden constantes, porque era el único medio que le quedó a una minoría parlamentaria, que por otro lado representaba a una mayoría de catalanes, para denunciar las graves vulneraciones que se producían. Inolvidable la emotiva intervención de Joan Coscubiela con los diputados de C’s, PSC y PP en pie, aplaudiendo al representante de Catalunya Sí Que Es Pot. Como ven, nos polarizamos entre independentistas y no independentistas, la ideología quedó en un tercer plano.

 

Pero ahora la situación ha cambiado, lo que se denominó el proceso hacia la independencia, que no era otra cosa que la imposición autoritaria de la independencia, ya no existe, ya solo defienden la unilateralidad los que responden al oráculo de Waterloo. Eso no significa que el independentismo haya dejado de existir, muy al contrario, lo que significa es que se ha ido reposicionando ideológicamente, ha vuelto la ideología. Ha vuelto la izquierda, la derecha y el centro, y se ha sustituido el antidemocrático “Procés” por la ideología política. Ya la independencia no lo justifica todo.

 

Estoy seguro que en el nuevo panorama político tendrán un papel destacado las opciones políticas de centro, aunque no podemos confundir centro con catalanismo, el catalanismo como movimiento que impulso de manera extraordinaria Cambó ha muerto con el “Procés”, ya ocurrió a  principios del siglo XX cuando el inicial catalanismo de centro derivó al final en los hechos del 6 de octubre de 1934, y de nuevo en el XXI cuando el catalanismo Convergente nos llevó a los hechos de octubre de 2017. Ambos catalanismos se fundamentaban en el denominado hecho diferencial como elemento esencial, y la evolución natural y temporal de cualquier hecho diferencial es la separación. Por ello, debemos refundar el catalanismo abandonando la diferenciación como concepto estructural, y profundizar en nuestra idiosincrasia propia, dos culturas que quieren convivir en armonía, parafraseando a Adolfo Suarez  "Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal". Por ello el catalanismo que nos llevó al desastre por dos veces ha quedado caduco, el coste pagado por la sociedad catalana en ambos casos ha sido altísimo y, por ello, debemos refundarlo en un nuevo concepto de catalanidad, basada no en el hecho diferencial, sino en su multiculturalidad como valor de nuestra sociedad, de aquellos catalanes que nos sentimos vinculados con nuestra tierra, nuestro idioma y nuestra cultura, y la sentimos como propia y nos enorgullecemos de ella, pero que también nos sentimos vinculados con la cultura y la lengua españolas, que igualmente las sentimos como propias, y no queremos romper lazos con ninguna de las dos, ésta es la gran riqueza de nuestra sociedad. El catalanismo se convirtió, por su esencia diferencial,  a lo largo de los años, en un medio para ir cortando progresiva y silenciosamente amarras con España, tan silencioso que estoy seguro que muchos de  sus impulsores, y que ahora pretenden resucitar, ni siquiera eran conscientes de ello. El impulsar solo el hecho diferencial, excluyendo a una parte importante de nuestra cultura e historia, sólo podría derivar en lo ocurrido en los octubres de 1934 o de 2017 .

 

Por ello hay que sustituir ese catalanismo diferencial por una nueva catalanidad y aglutinarla en el centro político. Hay un partido, Ciudadanos, que puede liderar esa nueva catalanidad desde el centro, para impulsar las reformas que nuestra sociedad requiere, puede regenerar democráticamente nuestras instituciones, terminar definitivamente con la corrupción, y convertir la administración pública en un órgano eficiente y moderno en el que desaparezcan los “chiringuitos”, que sólo sirven para enriquecer los bolsillos de unos pocos, y se convierta en el “pal de paller” de la nueva catalanidad y del centro político, donde confluyan todos los que amamos Cataluña y España desde una posición de centro. Ciudadanos,  que nació en Cataluña y que lleva la multiculturalidad en su ADN, y que, a pesar de los últimos resultados electorales, sigue siendo la esperanza de los que creemos en la necesidad de una regeneración democrática de nuestra política. Ahora solo hay que verlo posible y unirse.

 

Pere Lluís Huguet Tous

El oxímoron de la "nueva realidad"

Artículo publicado en Diari de Tarragona  el 26 de mayo de 2020

Vaya por delante que considero imprescindibles, el tiempo que sea necesario, todas las medidas de distanciamiento social, limitación de la movilidad, imposición del uso de las mascarillas, etc. que ordenen las autoridades sanitarias para la erradicación, o al menos la contención de la pandemia. Pero me niego a aceptar que nuestro objetivo sea lo que se ha denominado una “nueva normalidad”. Me indigna la falta de ambición, y la resignación en pensar que nada será igual, que debamos aceptar ese oxímoron que es la “nueva normalidad”, si es nueva no es normalidad. Nuestro objetivo como sociedad tiene que ser único: llegar a la normalidad, la nuestra, la de siempre, y sobre ella mejorar nuestros sistemas para evitar una nueva pandemia, aprendiendo a reaccionar con la rapidez necesaria para evitar las desastrosas consecuencias que ésta ha tenido. Pero me sorprende que los dirigentes actuales de nuestro país se contenten en llegar a la “nueva normalidad”, y con ella dan por finalizada la pandemia y esperan que los ciudadanos aprendamos a vivir con estas nuevas circunstancias y el tiempo hará el resto; incluso los decretos aprobados, en su título, hablan de transición a la “nueva normalidad”. Esto es lo fácil, lo difícil es ponernos como objetivo volver a lo que éramos y cómo éramos, pero aprendiendo de los errores y mejorando, me niego a aceptar que nada será igual desde una visión negativa.  Quizás nada será igual porque será mejor, la humanidad ha aprendido y mejorado siempre como consecuencia de desastres y crisis. Somos una sociedad avanzada, pongamos pues todos los medios necesarios para establecer sistemas de reacción rápida ante el ataque de un virus, los expertos hace años que nos lo avisaban, y tuvimos ya algunos avisos con otros virus; pero nuestros políticos han preferido dedicar nuestros recursos a otras cuestiones, quizás más banales, que a establecer un buen sistema, tanto nacional como internacional, de lucha y control de cualquier infección. Y sobre todo apoyemos a nuestros científicos en la búsqueda de  una vacuna, porque de ellos vendrá tarde o temprano la normalidad.

Toda lo vivido nos debe servir también para la lucha contra el cambio climático, no busquemos una “nueva normalidad” también ente el cambio climático, lo fácil es prohibir y limitar, lo difícil es que la transición ecológica sea algo más que el título rimbombante de un Ministerio, es transformar nuestra industria y nuestros medios de trasporte en medios no contaminantes y eso se hace mediante la investigación, la administración como motor del cambio, y el fomento de la conciencia social. Quizás, al igual que en la crisis actual del Coronavirus, sea necesario prohibir y limitar ante la emergencia climática, porque no se ha escuchado a tiempo a los técnicos que hace años nos lo advierten, pero ese no debe ser nuestro objetivo, nuestro objetivo debe ser volver a una normalidad y que esa normalidad sea sostenible.

Entiendo imprescindibles las medidas de distanciamiento social que deberemos mantener los próximos meses incluso años si es necesario, pero me niego a aceptar que esto sea la normalidad. Quiero seguir celebrando la fiesta mayor de cualquier ciudad o pueblo en la plaza atestada de personas, seguir yendo a la playa sin pedir cita previa ni ser vigilado por un dron. Volver a viajar en aviones aunque estén llenos de gente, porque ello ha permitido que conocer mundo haya pasado de ser un lujo solo permitido a unos pocos, a que a nuestros jóvenes el mundo se les haya quedado pequeño. En definitiva quiero volver a la normalidad, ir de cañas con los amigos, sin limitarlos a 10, 30, o 40; por ello solo nos queda como sociedad cumplir estrictamente con las normas de distanciamiento social el tiempo que sea necesario, y exigir a nuestros dirigentes que lideren la inversión en investigación. Investigación orientada, no solo a derrotar al Covid-19, sino también a establecer los mecanismos para que no vuelva algo parecido, y así poder volver a nuestra normalidad y no a una supuesta “nueva normalidad”.

Los límites del estado de alarma

Artículo publicado en Diari de Tarragona el 20 de mayo de 2020

Las situaciones excepcionales que requieren el otorgamiento de poderes especiales a los gobernantes no son un invento de los estados modernos, basta recordar el otorgamiento de poderes especiales a los cónsules en la República romana. Con la fórmula “Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat” (Cuiden los cónsules que la república no sufra daño alguno)  el Senado otorgaba poderes especiales a los cónsules en situaciones de peligro para la república, pero ya en aquella época, Cicerón y Julio Cesar discrepaban sobre los límites de los poderes otorgados a los cónsules romanos.

Por lo tanto, la polémica de cuáles son los límites del estado de alarma que, ante el anuncio del Presidente del Gobierno de cambiar de criterio, y solicitarla por un mes, ha generado entre diferentes juristas, reproduce en el siglo XXI un debate que ya se inició en la antigua Grecia, prosiguió en Roma, y ha sido una constante en la historia de la humanidad: la limitación del poder de los gobernantes.

Pero, para analizar si la propuesta del Presidente, luego rectificada ante la imposibilidad de su autorización por el Congreso y el pacto con Ciudadanos, incumplía algunos de los límites que establece nuestra Constitución, se hace necesario analizar primero, aquellos límites en los que la mayoría de la doctrina constitucionalista está de acuerdo, para luego analizar dónde radica la controversia, advirtiendo que en el mundo del derecho dos y dos no siempre son cuatro, y que caben múltiples interpretaciones, todas ellas válidas si están bien fundamentadas.

La base de la regulación del estado de alarma se encuentra en el artículo 116.2 de la Constitución, que textualmente dice:  “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo” ; así como en la Ley Orgánica 4/1981, en especial en su artículo 11, que contiene las medidas limitativas de derechos que puede regular el Real Decreto.

La mayoría de Constitucionalistas están de acuerdo en que nos encontramos ante una limitación de derechos de carácter excepcional y que las causas habilitantes para ello se encuentran en la Constitución y en el artículo 4 de la L.O. 4/1981, entre los que se menciona expresamente las crisis sanitarias y las epidemias, por lo que se entiende plenamente justificada la declaración del estado de alarma. También existe consenso en que nos encontramos ante una figura que está sometida al estricto control parlamentario, lo acuerda el Gobierno pero, como dice el artículo de la Constitución anteriormente transcrito, el Congreso de los Diputados deberá ser reunido “inmediatamente” para que la cámara autorice el Real decreto, sin ello el decreto decae y no puede ser prorrogado. Existe igualmente consenso, no sólo en el carácter excepcional del estado de alarma, sino también en la interpretación restrictiva que debe hacerse a la limitación de derechos que el Real Decreto acuerde. Incluso esta interpretación restrictiva se mantiene después de la autorización parlamentaria, por lo tanto, solo pueden limitarse los derechos mediante las medidas que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica, cualquier otra limitación sería nula ya que requeriría del estado de excepción, que necesita una autorización previa del Congreso y, además, una mayoría reforzada, al contener una mayor restricción de derechos. Así solo podrán acordarse, como medidas del estado de alarma, el limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción. 

Por lo tanto, el estado de alarma no puede limitar derechos fundamentales como el derecho de manifestación ni otros derechos, ni siquiera la libre circulación con carácter absoluto, sólo con carácter limitativo, como ya han puesto de manifiesto algunas sentencias; otra cuestión es que, en aplicación a la legislación vigente, se entienda que no puede ejercitarse algún derecho, pero ello lo será en aplicación de la norma que lo regula, no por el Real Decreto del Estado de Alarma. En este sentido podemos destacar que algunos Constitucionalistas entienden que las limitaciones al derecho de reunión establecidas, habrían excedido el marco del mismo, y deberían haberse encauzado por el estado de excepción.

Pero la polémica surgió cuando se manifestó, por parte del Presidente del Gobierno, que la próxima prórroga se solicitaría por un mes, en lugar de por los 15 días que él mismo había defendido como muestra de la necesidad del control parlamentario. Efectivamente, del tenor literal del artículo 116.2 los quince días hacen referencia a la declaración inicial, pero no a las prórrogas, por lo que una parte de los Constitucionalistas entienden que es posible una prórroga de un mes, más aún cuando quien acuerda la prórroga es el Parlamento, depositario de la voluntad popular y,  también con el PSOE en el gobierno, se había prorrogado el estado de alarma por un mes durante la crisis de los controladores. Por otro lado, otro sector entiende que, cuando se recoge que “podrá ser prorrogado dicho plazo”, se refiere a prórrogas sucesivas de 15 días de “dicho plazo”. Ciertamente el precepto es confuso, pero si tenemos en cuenta el carácter excepcional y la necesaria interpretación restrictiva de las limitaciones de derechos, así como el necesario control parlamentario, es más acorde con nuestra Constitución interpretar que las prórrogas deberán ser de 15 días, interpretación que también había hecho el Gobierno. Además, si atendemos a que el estado de alarma y sus prórrogas solo requieren de mayoría simple en el Congreso, si no se establece un límite, el Gobierno con esa mayoría simple, podría llegar a una situación de estado de alarma casi permanente, ya que si no hay límite temporal nada impide una prórroga de, por ejemplo, un año.

Por ello, dada la excepcionalidad, es de buena salud democrática dar cuenta al Parlamento cada 15 días, solicitando las correlativas prórrogas. Así que, debemos felicitarnos por el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos que inicia -quizás- una añorada forma de hacer política de la que, sin duda, los grandes beneficiarios seremos los españoles y nuestra democracia.

La oportunidad perdida

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 23 de abril de 2020

Este viernes, si no hay sorpresas de última hora, van a aprobarse los presupuestos de la Generalitat de Catalunya en el Parlamento Catalán, pero si en algo parece que todos estamos de acuerdo es que la situación de nuestra economía, e incluso de nuestra sociedad y de nuestras vidas, es radicalmente distinta a la que teníamos hace unas pocas semanas, nada es igual, excepto los presupuestos de la Generalitat. Van a aprobarse unos presupuestos que nacen desfasados, que se redactaron y prepararon cuando prácticamente no sabíamos qué era el COVID-19, y que necesitarán de las correspondientes modificaciones presupuestarias con sus trámites legales, para adaptarlos a la realidad actual, lo que como mínimo hará perder un tiempo, en la reacción a la situación de alerta social y económica, del que no disponemos.

Pero lo más grave de todo es que los dos partidos que gobiernan la Generalitat de Cataluña,  han dejado perder una oportunidad única para adelantarnos en la gestión de la crisis. La herramienta esencial de la que disponen los gobiernos para incidir en la sociedad y en la economía es sin duda alguna los presupuestos. En Cataluña teníamos la suerte de que en plena pandemia estaba su tramitación en marcha en el Parlamento, lo que nos podía hacer ganar un valioso tiempo en la aplicación de las medidas económicas y de protección a los ciudadanos, incluyéndolas en dichos presupuestos. Pero el Govern, cautivo de sus equilibrios internos, ha preferido seguir adelante con unos presupuestos obsoletos, y cuya aplicación, en definitiva, como luego veremos, va a agravar la crisis social y económica. Como siempre, han primado los intereses personales y de partido al interés general, incluso en estos dramáticos momentos han puesto por delante de las personas las siglas de sus partidos y su perpetuación en el cargo. Tenían unos presupuestos pactados y han preferido seguir con ellos antes que arriesgarse a perder los apoyos conseguidos o fracturar más aun la coalición de gobierno;  y lo repito por la gravedad que representa, han primado los intereses personales y de partido por delante del interés general de los ciudadanos.

Y era muy fácil, aprovechando la tramitación parlamentaria, sentarse con todos y hablar, con voluntad de diálogo, con voluntad de trabajar para todos los ciudadanos que formamos esta Cataluña plural, así era de fácil. Han sido incapaces de escuchar a la oposición que lleva días pidiendo adaptar los presupuestos a la situación de emergencia, ofreciéndose para ello. Pero el cambio requería, por pura lógica, aparcar en estos momentos todas las partidas dedicadas a lo que se ha denominado el Procés, para centrarnos en salvar vidas, familias y puestos de trabajo, y pactar entre todos unos presupuestos que nos permitieran encarar una recuperación económica lo más rápida posible. Ni siquiera era necesario abandonar los planteamientos unilateralistas, sino únicamente aplazarlos, para dedicar todos los esfuerzos económicos y humanos en la lucha por la emergencia social. La prioridad incluso por encima de la independencia de Cataluña debería haber sido salvar vidas y la subsistencia económica de los ciudadanos. 

Pero han preferido seguir con unos presupuestos que, si bien incrementan las partidas sociales, en estos momentos son absolutamente insuficientes; muchas de las inversiones previstas no podrán ejecutarse, y parte del gasto, en atención a las circunstancias actuales, es superfluo. Han preferido seguir con unos presupuestos que, si la próxima semana son publicados en el DOGC, conllevarán un incremento del Impuesto de Sucesiones de todos los que fallezcan desde ese momento, y, sinceramente, ¿creen que es el momento de incrementarlo?. Ese mismo impuesto regula las donaciones, y no se les ha ocurrido mejor idea que incluir una reducción de la base imponible de nada más y nada menos que de un 95% de aquellas donaciones que cualquier asociación o fundación, sean de utilidad pública o no, otorguen a un particular. Y se preguntarán a qué se debe tan extraño beneficio fiscal; pues es muy fácil, a la par que mezquino, el motivo son las donaciones que las diferentes asociaciones, conocidas como caja de resistencia, han efectuado para pagar las fianzas y responsabilidades civiles de las diferentes causas en las que han sido condenados los líderes del Procés. Para ellos sí hay exenciones fiscales y, sin embargo, a los familiares de quien muere ahora en Cataluña se les incrementa el impuesto. 

Pero no sólo es el incremento del Impuesto de Sucesiones el que contempla la ley de acompañamiento de los presupuestos, también hay un incremento generalizado de la presión fiscal a los catalanes, que si ya no tenía sentido allá por el mes de diciembre, cuando se pactaron el incremento del IRPF, el nuevo impuesto sobre las emisiones de los vehículos, así como la constitución de varios impuestos más, ningún sentido tiene ahora. El incremento hoy de la carga impositiva con la situación de las empresas y los ciudadanos, con los efectos del COVID 19, es un verdadero suicidio económico. 

Pero quizás el ejemplo más claro de la inutilidad de la aprobación ahora de estos presupuestos sea el incremento del impuesto de pernoctaciones en establecimientos turísticos y la creación de una tarifa especial para Barcelona, entiéndase por especial como más cara. La industria del turismo, de la que dependen miles de familias en Cataluña, va a ser, sin duda alguna, la más perjudicada por la actual crisis, y vamos a necesitar un plan de salvación de dicha industria, parte esencial del tejido empresarial catalán, y especialmente de la provincia de Tarragona. En diciembre la patronal hotelera CONFECAT ya puso el grito en el cielo por el incremento del impuesto, y hace pocos días hizo un llamamiento a la Generalitat pidiendo que suspendiera el impuesto durante 24 meses en atención a la situación del sector. Pues bien, la respuesta de los partidos que apoyan los presupuestos, JuntsXCAT, ERC y los Comunes, será aprobar este viernes una subida sustancial del impuesto, así como una tarifa especial para Barcelona.

Necesitamos que la política vuelva a escribirse en mayúsculas, quien tiene la responsabilidad de gobernar también tiene la responsabilidad de liderar los consensos necesarios para que todos juntos trabajemos en superar una situación inédita como la que vivimos, y parece que no lo están haciendo.

Lecciones de una pandemia

 Artículo publicado en Diari de Tarragona el 18 de abril de 2020

La casualidad ha hecho que el mismo día la prensa publicara dos noticias de dos políticos catalanes, por un lado el fallecimiento de Landelino Lavilla Alsina, y por otro la esperpéntica y ridícula queja del Conseller de Interior Miquel Buch sobre el número de mascarillas suministradas por el Gobierno de España, considerándola una grave afrenta por coincidir sus primeros dígitos con el año 1714. Y con motivo de ambos hechos la prensa ha publicado en diferentes medios, en el primer caso a modo de panegírico y en el segundo de reprobación, la biografía de ambos. Como pueden ustedes adivinar la comparación puede resultar odiosa. En la de Lavilla destacan que fue un gran jurista, y el constructor jurídico de la transición; su vasta formación y el desempeño de altas funciones, tanto en lo público como en lo privado, así como su pertenencia a dos de los cuerpos de más prestigio del Estado, el de letrados del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, ponen de manifiesto su extraordinaria formación jurídica y humana. Y por otro lado tenemos al Conseller Buch, en cuya biografía destaca en su formación haber realizado estudios de Formación Profesional en la rama administrativa, que debemos suponer no terminó al no constar en la misma título alguno; y en su actividad profesional, se reseña el haber trabajado durante  un periodo en el negocio familiar,  así como de portero en una conocida discoteca y tras ello, entró de lleno en la política, de donde ya no ha salido, siendo finalmente nombrado Conseller de Interior. Como podemos observar la trayectoria vital de ambos dista bastante, y el haber de resultados también.

Lo expuesto hasta aquí no sería más que una anécdota, de la que podríamos extraer incluso el poder reconocer una encomiable valía a quien sin apenas formación logra llegar a un cargo prominente, sino fuera porque, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, hemos puesto en sus manos nuestras vidas. Y aunque llegará el momento de rendir cuentas de la gestión, resulta triste ver que en general, en la clase dirigente primen por delante del interés de los ciudadanos, el interés propio. Estos días, hemos visto como de la improvisación se ha hecho la norma, cómo ha primado la estrategia política a la estrategia de la lucha contra el Covit-19, cómo las decisiones se toman buscando el mejor momento político y no el mejor momento para luchar contra la pandemia. Resulta sorprendente como habiendo 7 días en una semana, algunas decisiones se han tomado en domingo, para entrar en vigor a las 00:00 horas del lunes y se publiquen en el BOE a las 23:30, convirtiendo semanalmente la sobremesa de los domingos en una especie de “Aló Presidente”, con la alocución semanal del Presidente Sánchez, llena de gesticulaciones y frases hechas vacías de contendido. O el Vicepresidente segundo el Sr. Iglesias preocupándose en plena pandemia por cambiar la forma del Estado, como si eso fuera una prioridad en estos momentos. Pero no solo el Gobierno Central ha cometido disparates o errores en la gestión, también ha errado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, más preocupado en mantener la tensión que en la salud de los ciudadanos, han pretendido ocultar su ineptitud en la gestión intentando mantener viva la llama del agonizante “Procés”, posicionándose siempre a la inversa del Gobierno del Estado, amparándose en un supuesto comité científico que, finalmente, ha resultado que no existe. Sus miembros han sido incapaces de gestionar una grave crisis, siendo el broche final las declaraciones antes señaladas del Conseller Buch, por cierto uno de los aspirantes a ser candidato a la presidencia de la Generalitat.

Pero de todo ello debemos  obtener  lecciones que nos permitan mejorar y afrontar nuevas crisis, que seguro llegarán, con mayor capacidad de gestión. Y la primera lección es la extraordinaria profesionalidad, entrega y  dedicación no solo del personal sanitario, al que deberemos mucho, sino también de todos aquellos que exponiendo su salud han permitido que este país siga funcionando, desde los trabajadores de los comercios de alimentación, servicios de limpieza, cuerpos de seguridad, transportistas y todos aquellos sectores que fueron declarados esenciales, sin ellos no habríamos podido subsistir. Por lo tanto, la primera lección es que debemos poner en valor ese capital humano que representa lo mejor de nuestro país, y la mejor forma de hacerlo es retribuirlos dignamente, especialmente a quienes conforman la sanidad pública.

Otra de las lecciones que nos dará este tiempo de pandemia es que debe producirse un cambio en el personal político, los electores deberemos exigir que quienes dirijan nuestra administración, en cuyas manos ponemos literalmente nuestras vidas como se ha demostrado en la actual crisis, respondan a juicios de capacidad, que realmente gestionen en beneficio del país y no en beneficio propio buscando únicamente su perpetuación en el cargo. Capacidad que deberían haber demostrado fuera de la política, no puede ser que una parte importante de nuestros dirigentes carezca de experiencia fuera del cargo público, principalmente porque les aleja de la realidad de los ciudadanos, quienes deben luchar cada final de mes para hacer frente a sus diferentes obligaciones. Por ello, queremos que los mejores y más capacitados de nuestros ciudadanos sean los que estén al frente de una crisis como la actual. Y solo hay una manera de conseguirlo, la limitación de mandatos, la política debe ser un servicio a la sociedad de los miembros de ésta, y limitar los mandatos impedirá que quien no tenga capacidad para la gestión de lo privado tampoco la tenga para la gestión de lo público, que resulta a todas luces más importante, como ha puesto de manifiesto la pandemia. Pero todo ello sería ineficaz si no reducimos de manera drástica los cargos de confianza en las diferentes administraciones públicas, reforzando al mismo tiempo la carrera profesional del cuerpo técnico de funcionarios, convirtiéndolos en verdaderos cuerpos de élite al servicio de la clase política y de los ciudadanos, bajo el único criterio del mérito y  la capacidad, y que éstos sean retribuidos al mismo nivel que se retribuye a los cargos de confianza, pero porque realmente su preparación y experiencia lo merezca, y no por ser conocido o amigo de, como sucede ahora.

Pere Lluís Huguet Tous

El día después

 Artículo publicado en la Tribuna del Diari de Tarragona el 17 de marzo de 2020

Los grandes estadistas salen a la luz ante graves crisis de Estado, pero parece que en España hay una carencia no solo de estadistas sino de gobernantes mínimamente responsables. El triste espectáculo de estos días, será analizado a lo largo de los años. Desde el anuncio en diferido por el Presidente Sánchez de un Estado de Alarma, el día después de haberse celebrado un Consejo de Ministros, al Presidente Torra que anuncia por su cuenta el confinamiento de Cataluña, pero sin hacerlo y sin firmar ningún decreto, en una absurda guerra de postureo. Un Consejo de Ministros que dura siete horas y, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con las medidas a tomar, suspende la aprobación de las económicas para una mejor ocasión, y mientras el Presidente Torra y su Consejera de Salud aprovechan la ocasión para inician una guerra de competencias, poniendo de manifiesto, como no podía ser de otra manera, que ellos son lo mejores, y que el Estado una vez más no sirve a los catalanes porqué todo lo que podían hacer ya lo han hecho y el resto no se lo deja hacer el malvado Estado, y como no, alegando que es un 155 encubierto, difundido todo ello a bombo y platillo por TV3; e incluso interviene Puigdemont diciendo la barbaridad de “antes infectada que rota”, o un Pablo Iglesias confinado en su casa, que abandona el confinamiento para asistir al Consejo de Ministros precisamente para aprobar el confinamiento de los Españoles, dando un triste ejemplo de solidaridad y responsabilidad, en fin dantesco panorama para todos nosotros. 

Ya  habrá tiempo para analizar todo lo ocurrido, ahora solo cabe cumplir con las medidas que ha aprobado el Gobierno de España, y confiar en el buen hacer de las cuatro Autoridades Delegadas que, junto con los técnicos de sus Ministerios, van a dirigir la lucha contra esta pandemia que seguro ganaremos. A pesar de que algunos confundan la guerra contra el virus con  una guerra de competencias contra el Estado, en cualquier Estado moderno cuando se decreta una situación de excepción se centraliza la coordinación de los medios disponibles simplemente por una cuestión de eficacia. 

Pero una vez se hayan tomado las medidas de confinamiento y contención del virus debemos ponernos a trabajar inmediatamente, sin aplazamientos ni demoras, en la recuperación. Es incomprensible que las medidas económicas que debía aprobar el Consejo de Ministros se hayan aplazado, simplemente porque no se ponen de acuerdo los socios de gobierno. Trabajadores, autónomos y empresarios no pueden esperar al  martes para saber cómo afrontar esta crisis, porque de cómo afrontarla vendrá la posibilidad de su recuperación. Incluso hoy ya deberíamos estar trabajando para el día después. La crisis va a ser muy dura, y debemos diseñar todas la medidas necesarias para que podamos superarla lo antes posible, y volver a llevar a nuestra economía a la senda del crecimiento. La crisis va a notarse en todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde los autónomos o las PYMES a la gran empresa, y especialmente en los trabajadores que sufrirán directamente la reducción de empleo; y en el caso de nuestras comarcas la disminución drástica de las contrataciones temporales en el sector del turismo, del que vive buena parte de nuestros conciudadanos. No podemos demorar diseñar cómo debe ser la recuperación, no podemos demorar empezar a trabajar para el día después. El triste espectáculo de los gobernantes no puede repetirse, es imprescindible que se olviden del postureo político y de campañas de imagen. Ha llegado la hora de poner por delante de los intereses partidistas y personales, el interés de los españoles, de renunciar a sus siglas por las siglas de todos.

Ha llegado el momento de aprobar unos nuevos presupuestos del Estado, con el trabajo de todos los partidos políticos del arco parlamentario, basados en la recuperación, y olvidando protagonismos estériles. Ha llegado el momento de arrimar el hombro, todos juntos con el Gobierno a la cabeza, y éste tiene que ser el instrumento de la recuperación, de la gran tarea que como país debemos afrontar.

Además, ahora sería el momento para demostrar que de verdad queremos a nuestra tierra. En Cataluña no disponemos de presupuesto desde el 2017, y difícilmente podremos afrontar esta grave crisis sin el instrumento básico para reconstruir los daños que se producirán en nuestra sociedad, el presupuesto. Ha llegado el momento de tener altura de miras por parte de quien gobierna Cataluña, de olvidarse de guerras estériles con el Estado y del teatro político, que les ha llevado a utilizar la declaración del Estado de Alarma, que regula la Constitución y la Ley, como un ataque a Cataluña, y  conseguir elaborar unos nuevos presupuestos en consenso con todos las fuerzas políticas. Esto requiere la renuncia por quien gobierna en la actualidad de cualquier aventura contraria a la Constitución, y centrarnos, con el apoyo de la oposición, únicamente en el bienestar de los ciudadanos catalanes y en la recuperación. ¿Se imaginan la lección de responsabilidad que representaría ver al Parlament de Catalunya aprobar unos presupuestos por unanimidad?.

Pero no olvidemos a la Administración Local, la administración más cercana a nuestros ciudadanos. Los Ayuntamientos tienen un papel fundamental en esta grave crisis, aun con sus limitados medios son la primera línea ante las dificultades de nuestros vecinos, ya no sirven los presupuestos aprobados hace unos meses, las consecuencias de la crisis por el coronavirus requerirá dedicar el dinero de los contribuyentes de otra manera, habrá un antes y un después, por ello, nuestro grupo municipal ya ha ofrecido todo su apoyo al Alcalde de Salou para, con la ayuda de todos, preparar el día después.

A pesar de todo saldremos de ésta, somos un país extraordinario de gente extraordinaria que merece y necesita que sus gobernantes lo sean también, y sean, al menos en este momento, ciudadanos por delante de políticos de partido.

Pere Lluís Huguet Tous

Vamos a contar mentiras

Vamos a contar mentiras

(Artículo publicado en la Tribuna de Diari de Tarragona el 25 de Febrero de 2020)

La accidentada visita de la vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez a España, sigue siendo foco de noticia, pero ante la multitud de versiones oficiales, algunas de curiosa construcción jurídica, se hace del todo imprescindible conocer la causa de la visita de Rodríguez a España. El Gobierno  debe dar las explicaciones oportunas sin contar más mentiras sobre la visita. Ni siquiera sabemos cuál fue la razón de aterrizar en Barajas, ¿Una escala técnica?, ¿Una reunión secreta como ha dicho Maduro?, o ¿Una escala para dejar al Ministro y ahorrar un viaje?. Ninguna de estas supuestas explicaciones casa con lo realmente ocurrido si, como parece, se le tuvo que buscar a toda prisa un vuelo para que saliera de Madrid, y cuyo destino estuviera fuera de la Unión Europea, y que ni siquiera la sobrevolase. Por ello, todo parece indicar que la Sra. Rodríguez tenía intención de pasar unos días en España. ¿Pero invitada por quién?, creo que todos tenemos una idea de quien puede haberla invitado. Y, ante tamaño desaguisado, se encomendó al Ministro Ábalos que acudiera a horas intempestivas al aeropuerto a intentar solucionar lo que podía ser una grave crisis con la Unión Europea, dado que la Vicepresidenta de Venezuela tiene prohibida la entrada y el tránsito por territorio europeo. Cabe señalar que la prohibición lo es en toda la Unión, sean países Schengen o no, por decisión del Consejo de 13 de noviembre de 2017. Pero recordemos, además, que la prohibición es consecuencia de su participación en graves vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela.

Sea cual sea la causa de la visita, y una vez descubierta por la prensa, se empieza a construir una historia que haga sostenible una aparente legalidad. Se construye lo que se ha denominado modernamente una posverdad, que no es otra cosa que construir una mentira. En primer lugar se indica que la Sra. Rodríguez no ha entrado en España puesto que no pasó el control de pasaportes. Ante tal aberración jurídica, posteriormente se reconoce que entró en España pero no en el Espacio Schengen, lo cual es una nueva aberración jurídica, de la que parece se han quedado muy satisfechos. La primera mentira se basa en crear confusión entre las fronteras físicas, con el sistema de control en Aeropuertos y Puertos que el tratado de Schengen también denomina fronteras, pero que define como controles de personas en el artículo 4 del Tratado. De igual manera, el Convenio  de Chicago sobre Aviación Internacional e incluso un Auto del Tribunal Constitucional, definen ese espacio intermedio entre el avión y el control, como territorio Español, sometido a su control y jurisdicción. Un avión y sus pasajeros entran en España en el momento que el avión entra en el espacio aéreo español, y desde ese momento tanto el avión como los pasajeros están sometidos a la ley española. Por una cuestión de eficacia los controles aeroportuarios no se realizan a pie de pista en la puerta del avión, sino posteriormente, creándose una zona en la que circulan los pasajeros que aún no han pasado dicho control. Pero el hecho de que no hayan pasado el control de pasaportes no significa que no estén en España, sirva de ejemplo el siguiente, si un pasajero baja del avión y antes de pasar el control -supuesto muy habitual en Barajas- la policía detecta que lleva drogas, es inmediatamente detenido por la policía española y será sometido a juicio en España, si como mantuvo el Gobierno en un  primer momento esa zona no es España, no podría por lo tanto, ser sometido a juicio en España. De igual manera quien comete un delito en dicha zona -un robo en la Duty Free, por ejemplo-  pueden estar seguros que será detenido y juzgado en España. También verán que habitualmente en la zona internacional de los aeropuertos españoles se pasea con toda tranquilidad la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin aparentar que están fuera de su jurisdicción. 

Posteriormente, y ante la barbaridad jurídica expuesta anteriormente, se nos explica por el Gobierno, que la Sra. Rodríguez entró en España pero no en el espacio Schengen, y que, por lo tanto, no se incumplió la prohibición de entrar o transitar por Europa. Ello es a su vez una nueva barbaridad jurídica, eso sí la dicen con absoluta seriedad y convicción, incluso con enfado hacia quien se la cuestiona, pues parece que cuela. En primer lugar, como hemos dicho, la prohibición del Consejo no es referente al espacio de países que firman el tratado de Schengen sino para toda la Unión Europea (artículo 6 de la decisión del Consejo de 13 de noviembre de 2017). Pero si  leemos el tratado de Schengen de inmediato nos damos cuenta que, ni dicho tratado, ni los reglamentos, ni los diferentes acuerdos suscritos por España en al marco la supresión de fronteras interiores, crea un espacio Schengen diferente al de los Estados que suscribieron el acuerdo.  Por lo tanto no existe un espacio Schengen diferente al espacio de los países miembros del acuerdo. Si se entra en España se entra en el espacio Schengen, y no se puede entrar en el espacio Schengen sin entrar en España, o en cualquiera de los países miembros del tratado. 

Por lo tanto, el avión de Delsy Rodríguez, de conformidad con la legislación vigente, entró en España y por lo tanto en el espacio Schengen y en la Unión Europea, en el mismo momento que entró en el espacio aéreo Español. Y si el gobierno sabía -como parece ser- que en dicho avión, que no era un avión de Estado sino de una compañía privada, viajaba una mandataria que tiene prohibida, no solo la entrada sino también el tránsito por Europa, debería haber prohibido su entrada en el espacio aéreo español. 

Realmente sorprenden todas las explicaciones que nos han dado hasta el momento, seguramente con el único fin de ocultar la verdad. Incluso sorprenden las respuestas desairadas que, sobre todo, el Ministro Ábalos ha efectuado, y sorprende que nos explique públicamente como un supuesto mérito, lo que debería ser un demerito,  que lleva 30 años en la política y que nadie le va a echar. Quizás sea este el problema de buena parte de la clase política española, llevan toda la vida en la política, creen que nadie les puede echar, lo que les lleva a construir mentiras, ahora posverdades, para continuar donde creen tienen derecho a estar.