(Artículo publicado en Diari de Tarragona el 18 de enero de 2020)
Cuando el pasado lunes leí el anuncio de la propuesta de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado en las alertas de mi móvil, creí que nos encontrábamos ante una “Fake news”. Luego descubrí que era cierto, que retrocedíamos a las épocas de Felipe González, cuando fue nombrado el exministro de la Presidencia Javier Moscoso como Fiscal General del Estado. Solo un partido, desde la transición, ha designado a alguien, que justo antes del nombramiento se sentaba en la mesa del Consejo de Ministros, como Fiscal General del Estado. El PSOE, por segunda vez, nombra como cabeza de la Fiscalía a un ex ministro y también ex diputado, en este caso Dolores Delgado deberá dejar su acta de diputada para tomar posesión del cargo. Pero, si cumple todos los requisitos para ser nombrada, se preguntarán ustedes, ¿cuál es el problema?. El problema, principalmente, se halla en que, desde la Constitución del 78, la Fiscalía deja de ser la correa de transmisión de las instrucciones del Gobierno en la Justicia y se configura como un órgano dotado de independencia, sometido únicamente al principio de legalidad. Esta configuración Constitucional ciertamente ha provocado, también en los diferentes gobiernos, el intento de controlar la misma nombrando como Fiscal General a alguien de confianza del partido que gobierna. Pero tampoco han sido pocos los enfrentamientos entre algún Fiscal General y el partido que lo nombró. Baste recordar el duro enfrentamiento que se produjo entre el Fiscal General del Estado en aquellos momentos, Luis Antonio Burón Barba, y el Gobierno de Felipe González, por la interposición de la querella contra Jordi Pujol y los directivos de Banca Catalana. Fiscalía, en ejercicio de su independencia y en contra de la opinión del Gobierno, ejerció la acción Penal contra Jordi Pujol. O la dimisión del Fiscal Eduardo Torres-Duce por desavenencias graves con el gobierno de Mariano Rajoy.
Por ello resulta primordial, para cualquier mandatario sin talante verdaderamente democrático, combatir la independencia del Ministerio Fiscal, recordemos que una vez nombrado no puede ser cesado, y para ello hace falta que sea alguien de la máxima confianza. Y quien mejor para dirigir la fiscalía, que ese alguien sea con quien se ha compartido mesa y deliberaciones en el Consejo de Ministros, con quien además se han compartido los sufrimientos en las negociaciones para la investidura, que conozca los entresijos de los pactos que han llevado a la misma, especialmente el suscrito con ERC, y esté conforme con aquellos apartados que hablan de la Justicia, seguro que a todos les vienen a la mente a cuáles me refiero y, sobretodo, alguien que le deba lealtad. Efectivamente Dolores Delgado cumple con todos los requisitos legales para ser fiscal General del Estado, pero incumple uno no recogido en la ley, aquel que se halla en la conciencia de cualquier verdadero demócrata, la independencia. Dolores Delgado carece de ese elemento indispensable para ejercer el cargo, la independencia respecto del gobierno al que ha pertenecido hasta hace escasos días.
Resulta curioso que partidos como el PSOE y Unidas Podemos hablen habitualmente de las puertas giratorias entre la política y la empresa, pero que olviden otras puertas giratorias que han hecho un extraordinario daño a nuestra democracia y a nuestra justicia, las puertas giratorias entre la política y la justicia. Los jueces y fiscales, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos, ello en modo alguno supone que no tengan ideología, sino que tienen prohibido integrarse en una estructura política con algún grado jerárquico y dependencia de la estructura de partido, los jueces y fiscales solo deben responder al imperio de la Ley y por lo tanto al principio de legalidad, y a nada más. El ejercicio de la magistratura y del gobierno del poder judicial requieren de esa independencia de la que carecerían si pertenecieran a un partido. Pero todo ello queda en entredicho si las puertas giratorias se dan entre los jueces y fiscales, e incluso entre los cargos de dirección tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial y la política, sin solución de continuidad. Hoy soy Ministro, Director General o Diputado; y mañana soy Fiscal General del Estado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial o Magistrado. Estas situaciones ponen en entredicho la independencia y hacen un flaco favor al resto del Poder Judicial. Todos recordaremos como el Juez Baltasar Garzón saltó de Magistrado del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional a la política, y desencantado con el partido con el que se presentó a las elecciones, regresó al mismo juzgado, desenterrando algunas diligencias que afectaban directamente a políticos y a partidos con graves delitos, su instrucción por impecable que fuese, siempre estará en entredicho y con una sombra de parcialidad política. De igual manera, los vocales del Consejo General del Poder Judicial han saltado del Congreso de los Diputados al Consejo, y viceversa en multitud de ocasiones. Al igual que la Ley Reguladora de los altos Cargos en la Administración General del Estado establece la incompatibilidad durante dos años con el ejercicio de actividades privadas que hayan tenido relación con el ejercicio del cargo, debería igualmente limitarse el acceso nuevamente a las funciones tanto en la Magistratura como en la Fiscalía, mediante el establecimiento de un periodo transitorio de quien las abandonó para ejercer la política.
Pero más que de limitaciones o normas, estamos todavía más necesitados de algo mucho más importante, políticos que de verdad se crean el Estado de Derecho, y que dejen de una vez por todas de querer controlar a los órganos de gobierno de nuestra justicia. No basta con hablar de independencia judicial, hay que creérsela y actuar en consecuencia, por ello Dolores Delgado no es idónea para el cargo por muy brillante que sea su trayectoria.
