martes, 14 de marzo de 2017

QUE NO NOS ENGAÑEN

Artículo publicado el 12 de enero de 2017 en la tribuna de Diari Tarragona

La reciente resolución del Tribunal Constitucional Alemán, sobre la posibilidad de celebrarse un referéndum de autodeterminación en Baviera, ha conllevado multitud de opiniones, algunas ciertamente disparatadas sobre las consecuencias de la resolución ante la nueva demanda del Gobierno de la Generalitat para la celebración de un referéndum en Catalunya. He escuchado opiniones en las que desacreditan la resolución simplemente porque solo la solicitó una persona y por lo tanto la doctrina no es extrapolable, ya que aquí tiene el soporte de una parte importante de la población, vinculando el rigor jurídico, no a la razón jurídica, sino al número de seguidores de la opción peticionaria. Escuché a un ilustre tertuliano decir, que si en Baviera la independencia tuviera el mismo soporte que en Catalunya, la resolución del TC alemán habría sido otra. Además, curiosamente, viniendo de un Tribunal Alemán, dicho planteamiento estaría justificando las vulneraciones a la Constitución de la República de Weimar realizadas por el partido Nazi, con las atroces consecuencias que todos conocemos, simplemente porque en esos momentos lo apoyaba una mayoría.
En gran parte de las opiniones que analizan la resolución alemana, se mezclan cuestiones políticas y jurídicas, sin embargo, para poder entender con claridad sus repercusiones, es necesario un análisis independiente, valorando por un lado las consecuencias  jurídicas, y por otro las  políticas.
En el ámbito jurídico, ciertamente la resolución no trae ninguna novedad en el estudio e interpretación del derecho a la autodeterminación, que es el término jurídico correcto. El “derecho a decidir” es un eufemismo, como muchos otros, que se utilizan para ocultar los problemas jurídicos del termino real. El “derecho a decidir” no existe como construcción jurídica, es un invento para no llamar a las cosas por su nombre.  Utilizar el eufemismo  no es baladí, intenta obviar las dificultades jurídicas de la construcción del derecho a la autodeterminación de los pueblos, sustituyéndolo por un supuesto “derecho a decidir” que ni en la legalidad española ni en la legalidad internacional existe. Y todo porque la doctrina internacional sobre el derecho a la autodeterminación, que se basa en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, -pero que no lo incluyó como derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos- y que es desarrollado por las resoluciones 1514  (XV), 1541 (XV) y 2625 (XXV) de Naciones Unidas,  fue construido para regular los procesos de  descolonización del siglo XX,  y por lo tanto de imposible aplicación al supuesto catalán.  Pero además, en paralelo al derecho de autodeterminación, también surge el derecho a la integridad territorial, fruto del acta final de Helsinki de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. 
Pero volviendo a la resolución Alemana, ésta simplemente establece que dentro de la legalidad alemana, un Länder no tiene capacidad para vulnerar la Constitución e iniciar un proceso de segregación unilateral. ¿Significa esto que Baviera nunca podrá ser independiente? Pues no, significa que para ello requerirá la reforma constitucional y por lo tanto la participación democrática de todos los Alemanes, en pocas palabras, requerirá un pacto y un consenso de todos, precisamente lo que no hay en Catalunya. Pero es que la resolución Alemana no es nueva en el derecho comparado, independientemente de la dictada en España por el Tribunal Constitucional con relación al 9N -por cierto, acusado de antidemocrático habiendo utilizando  los mismos argumentos que el alemán-, en 2015 también se pronunció el Tribunal Constitucional Italiano al declarar inconstitucional la ley de la Asamblea Regional del Veneto en lo que hacía referencia al referéndum sobre la independencia,  utilizando prácticamente los mismo argumentos expuestos anteriormente. Y resulta interesante recordar que en el Veneto,  en marzo de 2014 también se efectuó una especie de referéndum “privado”  –votaron 2,3 millones, aunque al ser parte de los votos por internet fue muy discutida la cifra – con grandes similitudes al del 9N, y judicializándose por la vía penal con las detenciones de los líderes independentistas  que pretendieron tomar la plaza de San Marcos el 2 de abril de 2014, para declarar la independencia.
En el ámbito político la resolución alemana sí introduce novedades, principalmente porque deja sin argumentos a la llamada a la internacionalización del proceso catalán. Hemos oído por activa y pasiva que Europa no permitirá que España vulnere el “derecho a decidir” de los catalanes, y que el referéndum vendrá impuesto por  Europa, donde residen los verdaderos valores democráticos, y obligará a la “antidemocrática” España a su celebración. La resolución sobre Baviera no introduce novedades jurídicas, pero sí deja sin contenido dos cuestiones importantes: El Tribunal Constitucional Español ha fallado en referencia al 9N de igual manera, y con los mismos argumentos que los Tribunales Constitucionales de otros países Europeos, por lo que las acusaciones de falta de democracia, habituales en los ámbitos independentistas, pierde cualquier sentido; y por otro lado, sin los principales actores Europeos, como son Alemania, Italia y Francia, con su especial dureza ante los independentistas Corsos, hace que difícilmente la UE obligará a España a hacer nada, sin que además exista en los tratados de la Unión cauce alguno para que la Comisión Europea obligue a un estado miembro a celebrar un referéndum de autodeterminación.
Por lo tanto, en el debate político ya no valdrán acusaciones de falta de democracia, con el único fin de desacreditar resoluciones  tan lícitas y democráticas como las alemanas e Italianas.  Tampoco  valdrán  llamadas  a que Europa corrija al Estado Español, dirigidas más a mantener la euforia de su electorado que a otra cosa, porque siempre han sabido que en la Europa democrática lo que prima es el respeto a la ley y al estado de derecho; y sino, ¿porque no se recurrió la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 9N a los Tribunales Europeos?, casualmente,  los únicos que podían haber obligado a España a celebrar un referéndum.
Pere Luís Huguet Tous
Abogado

@perehuguet

lunes, 26 de diciembre de 2016

DESCONCIERTO SOBERANISTA

Artículo publicado en Expansión el Lunes 19 de diciembre de 2016

La nueva actitud del gobierno, dispuesto a negociar 45 de las 46 demandas, todas excepto el referéndum, los ha ha desconcertado. El soberanismo ha vivido estos últimos años de la supuesta agresión de Madrid. La ausencia de diálogo los ha hecho crecer, y el enfrentamiento mantener la tensión en la sociedad catalana. Por ello, llevan varios días descolocados.

            Pero, ante la oferta de diálogo del Gobierno,  ¿qué ha hecho el presidente de la Genaralitat?: Convocar el pacto nacional del derecho a decidir para seguir con el desafío del referéndum, o sea, incidir en el único punto de los 46 que no es negociable para el gobierno. Porque viven de lo adjetivo, de la movilización, del enfrentamiento, y olvidan lo sustantivo: la mayoría de ciudadanos no está a favor de la independencia. No asumir la oferta de diálogo del gobierno pondrá en evidencia las graves carencias de Junts Pel Sí y del “procés”. Enrocarse en la celebración de un nuevo referéndum sería el fin, ya tuvimos un 9N que fracasó, unas elecciones teóricamente plebiscitarias que también fracasaron, y ahora no pueden acumular un nuevo intento fallido, con un nuevo referéndum sin ningún apoyo internacional y sin validez jurídica. Necesitan más ellos un pacto con el Estado, que el Estado con los independentistas. Un nuevo fracaso es su fin, la tensión que los ha mantenido vivos hasta ahora va a ser difícil en un entorno de diálogo.

            Pero también el Gobierno debe hacer una importante reflexión, los ciudadanos de Catalunya, sean o no independentistas, nos hemos sentido en algún momento maltratados. Es necesario revisar la financiación, establecer una plan estratégico para mejorar algunos servicios públicos, en definitiva, una nueva sensibilidad hacia Catalunya. Siempre he mantenido que si el Gobierno de España, lo es también de Catalunya, debe ser el primero en defender los elementos básicos de la sociedad catalana. Nunca entendí, la negativa del presidente Aznar en defender la oficialidad del Catalán en Europa, si era el presidente del gobierno de todos, y una parte de los Españoles lo hablamos, nos hubiera gustado que nuestro presidente lo hubiera defendido, además de hablarlo en la intimidad. Imaginemos que el Gobierno de España pide ante la UE el reconocimiento del Catalán como lengua oficial, el desconcierto de los soberanistas sería ya imposible de superar. Ahí está el camino…

Pere Lluís Huguet Tous
Abogado

@perehuguet

jueves, 8 de diciembre de 2016

UN AÑO MAS TARRAGONA PIERDE


Artículo publicado en Diari de Tarragona el 6 de diciembre de 2016

El pasado día 29 el Diari, publicaba la noticia de una caída de casi un 13 % en las inversiones de la Generalitat en el Camp de Tarragona, inmediatamente se procedió a hacer algo  típico en nuestra política:  hacer de trilero. Me explico, intentar confundir al sufrido ciudadano con bailes de cifras y porcentajes para intentar enmascarar lo que es una realidad, la caída de la inversión en el Camp de Tarragona. Inmediatamente se nos dijo que ese dato no era correcto porque no incluía las transferencias de capital, lo cual es cierto y falso a la vez. Cierto porque no se incluyen, y falso porque no son inversiones de la Generalitat, son inversiones que han solicitado efectuar diferentes administraciones, principalmente Ayuntamientos, para cuya financiación se ha pedido dinero a la Generalitat, pero no son proyectos de la Generalitat. Por lo tanto las verdaderas inversiones directas de la Generalitat en nuestro territorio son los 46,6 millones de euros de la partida de Inversiones del proyecto de la Generalitat.  (http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2017/pdf/VOL_P_AIR.pdf pagina 295).

Otro de las argumentos que inmediatamente se han hecho públicos, en esta caso por el delegado del Govern en Tarragona, Òscar Peris, ha sido que «las inversiones en el Camp de Tarragona y el Baix Penedès son, ahora, el 78% de la media de Catalunya” (Diari de Tarragona 3/12/2016). ¿Y esto es para felicitarnos? Lo que realmente está diciendo el delegado  es que las inversiones de la Generalitat están un 22% por debajo de la media de Catalunya, lo que dicho al revés, aún parece que es un éxito. Las inversiones de la Generalitat en el Camp de Tarragona deberían ser el 100% de la media de Catalunya y no el 78%.

Pero, para poder hacernos una idea de las magnitudes de la inversión en nuestras comarcas, quizás lo mejor es bucear por el proyecto de presupuestos y buscar algunas comparativas. Y lo primero que me llama la atención es la partida dedicada a DIPLOCAT, partida de dudosa legalidad en su configuración actual, ya que las competencias en relaciones exteriores, tanto en la Constitución como en el Estatut, son exclusivas del Estado a excepción de las establecidas en el artículo 194 del Estatut. Pues bien, la partida designada es de 64 millones de Euros, o sea la Generalitat gasta 17,4 millones de Euros más en DIPLOCAT, que lo que invierte en el Camp de Tarragona. Pero sigamos buscado, en la misma página antes señalada del proyecto de presupuestos aparece la inversión de la Generalitat en las Comarcas Gironinas que asciende a la cantidad de 79,4 millones de Euros,  o sea, 32,8 millones de Euros más que en el Camp de Tarragona, y sé que los datos no son comparables puesto que el ámbito territorial es diferente, la población no es la misma, etc. pero resulta llamativa la diferencia.

Por ello sigo buscando una nueva comparativa de dos servicios parecidos y en un sector con incidencia directa en la ciudadanía, la salud. Y así, comparando las inversiones en los dos principales hospitales públicos de ambas demarcaciones, Josep Trueta de Girona y Juan XXIII de Tarragona, ambos de parecidas dimensiones, la sorpresa continúa. Al  hospital gerundense los presupuestos de la Generalitat le asignan unas inversiones en el 2017 de 5,3 millones de euros (Paginas 369 y 370 del anexo de inversiones reales del presupuesto), y al Hospital Tarraconense se le asigna una inversión para todo el 2017 de solo 177.501.- Euros (paginas 386 y 387 del citado anexo). Estoy seguro que tan importante diferencia entre las inversiones de los dos hospitales estará plenamente justificada, pero la reiterada llamada de la sociedad tarraconense a la mejora del Juan XXIII y la falta de inversión, resulta como mínimo llamativa, más aun cuando en el Hospital de Girona se invierte más de 5 millones de Euros.

En definitiva, nos encontramos con unos presupuestos con una inversión en El Camp de Tarragona por debajo de la media del resto de Catalunya, y por lo tanto un año más aumentamos la brecha que Tarragona sufre. Seguimos sin un sistema de transporte público efectivo que cubra las necesidades de los ciudadanos del Camp, las  inversiones en carreteras son escasas y da la sensación que están más encaminadas a poner radares que recauden que a mejorar la red viaria de Tarragona, seguimos con una estación del AVE mal comunicada con los centros turísticos, y sigue sin ejecutarse el plan de accesos;   y la sorprendente y conformista respuesta del Concejal de Territorio de Tarragona Sr.  Milà, ante las críticas por la falta de ejecución fue:  «No es de recibo todas estas críticas porque ahora mismo podríamos no tener AVE», o sea, tarraconenses demos gracias que tenemos AVE y callemos.  Pues no debemos callar, quizás ha llegado el momento de exigir la creación de una potente área metropolitana entre los municipios que forman un polo económico esencial de Catalunya, de olvidarnos de la política de partidos y asumir la política de las necesidades de los ciudadanos y plantar cara desde el territorio a quien gobierna la Generalitat y que año tras año olvida al Camp de Tarragona.

Quizás ha llegado la hora de exigir la publicación de las balanzas fiscales de Tarragona y ver qué es lo que realmente retorna al territorio de los impuestos que los ciudadanos del Camp pagamos a la Generalitat y al Estado. Quizás resulte que tengamos una sorpresa,  y sea a nosotros a quienes “roban”.

Pere Lluís Huguet Tous
Advocat

@perehuguet