Resumen de mi intervención en el programa de TVE El Debate de la 1 el 31 de mayo de 2017

Astucia 2.0

Artículo publicado en Expansión el 10 de mayo de 2017

Ayer desayunábamos todos con la noticia de que la Generalitat iniciaba la compra de las urnas para el Referéndum, algunos medios con grandes titulares, decían que el Diario Oficial publicaba la licitación para la compra de las urnas y se ponía especial énfasis en  la valentía del gobierno en iniciar la compra, incidiendo que todo ello era consecuencia de la voluntad inequívoca de celebrar el referéndum.

Pues nada de ello es cierto, o mejor dicho todo ello es una posverdad, una más del “procés”, el Gobierno de la Generalitat , simplemente ha lanzado un proceso de selección de contratista para la posterior adjudicación de un contrato de suministro de urnas, lo que en términos jurídicos se denomina Convenio Marco,  al amparo Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No ha licitado nada, simplemente ha utilizado un proceso administrativo de selección de contratista para después, en el supuesto que así se acuerde,  adjudicar al empresario seleccionado el contrato de suministro de urnas.

Si realmente quería adquirir urnas, lo que debería haber hecho es, simplemente sacar a licitación directa la adquisición de urnas. De esta manera, seguimos con las astucias, se pretende convertir la licitación de un convenio marco en la licitación de la compra de urnas, para demostrar que están dispuestos a desafiar al Estado, cuando la realidad demuestra todo lo contrario. La licitación ahora publicada pone de manifiesto el miedo  a hacer lo que han dicho que harían: comprar las urnas. Pretenden que todos creamos que un simple concurso para la selección de un contratista para después adjudicarle la compra de urnas o no, es ya una compra. Recordemos que, de conformidad con la legislación vigente el convenio marco ni siquiera obliga a efectuar las adquisiciones, ni tampoco cuándo deben hacerse, simplemente pueden hacerse en el tiempo de vigencia del convenio. Si realmente lo que quieren es comprar urnas era muy fácil, se licitan directamente mediante concurso sin necesidad de esta artimaña legal. El concurso ahora publicado en el DOGC, no tiene trascendencia alguna, excepto la mediática y propagandística. Las consecuencias jurídicas, especialmente las penales, vendrán cuando después de seleccionado el contratista encarguen – si es que lo hacen - dentro del convenio marco la adquisición de urnas. 

Seguimos con las “astucias” ahora en versión 2.0.

Pere Lluís Huguet Tous

Abogado

La irrelevancia de la firma conjunta del referéndum

Artículo publicado en ABC 16 de abril de 2017 

Una de las “astucias” con las  que el Govern de la Generalitat, pretende incrementar la tensión del choque de trenes, es la firma conjunta por todos los Consellers del decreto por el que se convoque el referéndum, con el fin de buscar una imputación colectiva. Ciertamente imputar a todo el gobierno conllevaría, seguramente, una nueva movilización social que haría olvidar alguno de los sucesos que últimamente están desinflando esas movilizaciones. Todo por intentar recuperar la tensión en la calle y la movilización permanente.

Pero, a pesar del efecto mediático y simbólico que pueda suponer esa firma conjunta, nunca conllevará los efectos esperados de imputación penal colectiva, puesto que sería irrelevante penalmente. Los principios, que en un estado de derecho deben informar el derecho penal, hacen que éste se configure con la necesidad de que concurran, de manera estricta,  en el hecho punible, una serie de requisitos que no se darían en esa convocatoria conjunta, siendo por lo tanto atípica –o sea irrelevante penalmente- para la mayoría de consejeros que la suscribieran.

Las decisiones de los órganos colectivos de gobierno,  se toman por mayoría de votos pero en el caso del Consejo de Ministros y del Consell Executiu de la Generalitat, las deliberaciones y el voto son secretos, así expresamente lo establece el artículo 5 de la  Ley 50/1997, de 27 de noviembre para el Estado y  el artículo 30 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre para la Generalitat. Pero además, precisamente porque las deliberaciones y votos son secretos debe establecerse un sistema de responsabilidad en la firma de las decisiones. Así el artículo 32 de la señalada ley 13/2008 establece: “2. Los decretos legislativos, decretos ley y decretos que dicta el Gobierno son firmados por el presidente o presidenta de la Generalidad y por los consejeros competentes para formular la propuesta”. Ello quiere decir que, para la validez y eficacia de la norma, únicamente es necesaria la firma del presidente y del consejero responsable de la competencia propuesta. En este caso, teniendo en cuenta la configuración del gobierno, y el decreto 2/2016, de 13 de enero, que otorga las competencias en los procesos electorales al “Conseller de Governació”, el decreto de convocatoria del referéndum, para tener eficacia jurídica, únicamente requeriría la firma del Presidente de la Generalitat y del Consejero de Gobernación. Todas las demás firmas que pudieran constar en el decreto serían irrelevantes para su eficacia jurídica, y en consecuencia, por aplicación de la relación causal, irrelevantes penalmente ante un supuesto delito de desobediencia. No existiría nexo causal entre la firma, de los restantes consejeros, y la eficacia jurídica, por lo que el acto devendría únicamente simbólico, pero atípico penalmente.

Por ello, aun en el supuesto que el decreto de convocatoria contra la prohibición del Tribunal Constitucional, sea firmado por todos los Consejeros, Fiscalía probablemente solo actuaría contra los firmantes del documento que dotan de eficacia jurídica al mismo, el Presidente y el Consejero de Gobernación, ya que, de lo contrario, se avocaría a una sentencia absolutoria para los restantes consejeros, quienes a buen seguro harían valer la irrelevancia de la firma como arma de defensa.

Pere Lluis Huguet Tous

Abogado

Presidente de Llibertats

@perehuguet

DESCONCIERTO SOBERANISTA

Artículo publicado en Expansión el Lunes 19 de diciembre de 2016

La nueva actitud del gobierno, dispuesto a negociar 45 de las 46 demandas, todas excepto el referéndum, los ha ha desconcertado. El soberanismo ha vivido estos últimos años de la supuesta agresión de Madrid. La ausencia de diálogo los ha hecho crecer, y el enfrentamiento mantener la tensión en la sociedad catalana. Por ello, llevan varios días descolocados.

            Pero, ante la oferta de diálogo del Gobierno,  ¿qué ha hecho el presidente de la Genaralitat?: Convocar el pacto nacional del derecho a decidir para seguir con el desafío del referéndum, o sea, incidir en el único punto de los 46 que no es negociable para el gobierno. Porque viven de lo adjetivo, de la movilización, del enfrentamiento, y olvidan lo sustantivo: la mayoría de ciudadanos no está a favor de la independencia. No asumir la oferta de diálogo del gobierno pondrá en evidencia las graves carencias de Junts Pel Sí y del “procés”. Enrocarse en la celebración de un nuevo referéndum sería el fin, ya tuvimos un 9N que fracasó, unas elecciones teóricamente plebiscitarias que también fracasaron, y ahora no pueden acumular un nuevo intento fallido, con un nuevo referéndum sin ningún apoyo internacional y sin validez jurídica. Necesitan más ellos un pacto con el Estado, que el Estado con los independentistas. Un nuevo fracaso es su fin, la tensión que los ha mantenido vivos hasta ahora va a ser difícil en un entorno de diálogo.

            Pero también el Gobierno debe hacer una importante reflexión, los ciudadanos de Catalunya, sean o no independentistas, nos hemos sentido en algún momento maltratados. Es necesario revisar la financiación, establecer una plan estratégico para mejorar algunos servicios públicos, en definitiva, una nueva sensibilidad hacia Catalunya. Siempre he mantenido que si el Gobierno de España, lo es también de Catalunya, debe ser el primero en defender los elementos básicos de la sociedad catalana. Nunca entendí, la negativa del presidente Aznar en defender la oficialidad del Catalán en Europa, si era el presidente del gobierno de todos, y una parte de los Españoles lo hablamos, nos hubiera gustado que nuestro presidente lo hubiera defendido, además de hablarlo en la intimidad. Imaginemos que el Gobierno de España pide ante la UE el reconocimiento del Catalán como lengua oficial, el desconcierto de los soberanistas sería ya imposible de superar. Ahí está el camino…

Pere Lluís Huguet Tous

Abogado

@perehuguet