martes, 25 de febrero de 2020

Vamos a contar mentiras

Vamos a contar mentiras


(Artículo publicado en la Tribuna de Diari de Tarragona el 25 de Febrero de 2020)


La accidentada visita de la vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez a España, sigue siendo foco de noticia, pero ante la multitud de versiones oficiales, algunas de curiosa construcción jurídica, se hace del todo imprescindible conocer la causa de la visita de Rodríguez a España. El Gobierno  debe dar las explicaciones oportunas sin contar más mentiras sobre la visita. Ni siquiera sabemos cuál fue la razón de aterrizar en Barajas, ¿Una escala técnica?, ¿Una reunión secreta como ha dicho Maduro?, o ¿Una escala para dejar al Ministro y ahorrar un viaje?. Ninguna de estas supuestas explicaciones casa con lo realmente ocurrido si, como parece, se le tuvo que buscar a toda prisa un vuelo para que saliera de Madrid, y cuyo destino estuviera fuera de la Unión Europea, y que ni siquiera la sobrevolase. Por ello, todo parece indicar que la Sra. Rodríguez tenía intención de pasar unos días en España. ¿Pero invitada por quién?, creo que todos tenemos una idea de quien puede haberla invitado. Y, ante tamaño desaguisado, se encomendó al Ministro Ábalos que acudiera a horas intempestivas al aeropuerto a intentar solucionar lo que podía ser una grave crisis con la Unión Europea, dado que la Vicepresidenta de Venezuela tiene prohibida la entrada y el tránsito por territorio europeo. Cabe señalar que la prohibición lo es en toda la Unión, sean países Schengen o no, por decisión del Consejo de 13 de noviembre de 2017. Pero recordemos, además, que la prohibición es consecuencia de su participación en graves vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela.

Sea cual sea la causa de la visita, y una vez descubierta por la prensa, se empieza a construir una historia que haga sostenible una aparente legalidad. Se construye lo que se ha denominado modernamente una posverdad, que no es otra cosa que construir una mentira. En primer lugar se indica que la Sra. Rodríguez no ha entrado en España puesto que no pasó el control de pasaportes. Ante tal aberración jurídica, posteriormente se reconoce que entró en España pero no en el Espacio Schengen, lo cual es una nueva aberración jurídica, de la que parece se han quedado muy satisfechos. La primera mentira se basa en crear confusión entre las fronteras físicas, con el sistema de control en Aeropuertos y Puertos que el tratado de Schengen también denomina fronteras, pero que define como controles de personas en el artículo 4 del Tratado. De igual manera, el Convenio  de Chicago sobre Aviación Internacional e incluso un Auto del Tribunal Constitucional, definen ese espacio intermedio entre el avión y el control, como territorio Español, sometido a su control y jurisdicción. Un avión y sus pasajeros entran en España en el momento que el avión entra en el espacio aéreo español, y desde ese momento tanto el avión como los pasajeros están sometidos a la ley española. Por una cuestión de eficacia los controles aeroportuarios no se realizan a pie de pista en la puerta del avión, sino posteriormente, creándose una zona en la que circulan los pasajeros que aún no han pasado dicho control. Pero el hecho de que no hayan pasado el control de pasaportes no significa que no estén en España, sirva de ejemplo el siguiente, si un pasajero baja del avión y antes de pasar el control -supuesto muy habitual en Barajas- la policía detecta que lleva drogas, es inmediatamente detenido por la policía española y será sometido a juicio en España, si como mantuvo el Gobierno en un  primer momento esa zona no es España, no podría por lo tanto, ser sometido a juicio en España. De igual manera quien comete un delito en dicha zona -un robo en la Duty Free, por ejemplo-  pueden estar seguros que será detenido y juzgado en España. También verán que habitualmente en la zona internacional de los aeropuertos españoles se pasea con toda tranquilidad la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin aparentar que están fuera de su jurisdicción. 

Posteriormente, y ante la barbaridad jurídica expuesta anteriormente, se nos explica por el Gobierno, que la Sra. Rodríguez entró en España pero no en el espacio Schengen, y que, por lo tanto, no se incumplió la prohibición de entrar o transitar por Europa. Ello es a su vez una nueva barbaridad jurídica, eso sí la dicen con absoluta seriedad y convicción, incluso con enfado hacia quien se la cuestiona, pues parece que cuela. En primer lugar, como hemos dicho, la prohibición del Consejo no es referente al espacio de países que firman el tratado de Schengen sino para toda la Unión Europea (artículo 6 de la decisión del Consejo de 13 de noviembre de 2017). Pero si  leemos el tratado de Schengen de inmediato nos damos cuenta que, ni dicho tratado, ni los reglamentos, ni los diferentes acuerdos suscritos por España en al marco la supresión de fronteras interiores, crea un espacio Schengen diferente al de los Estados que suscribieron el acuerdo.  Por lo tanto no existe un espacio Schengen diferente al espacio de los países miembros del acuerdo. Si se entra en España se entra en el espacio Schengen, y no se puede entrar en el espacio Schengen sin entrar en España, o en cualquiera de los países miembros del tratado. 

Por lo tanto, el avión de Delsy Rodríguez, de conformidad con la legislación vigente, entró en España y por lo tanto en el espacio Schengen y en la Unión Europea, en el mismo momento que entró en el espacio aéreo Español. Y si el gobierno sabía -como parece ser- que en dicho avión, que no era un avión de Estado sino de una compañía privada, viajaba una mandataria que tiene prohibida, no solo la entrada sino también el tránsito por Europa, debería haber prohibido su entrada en el espacio aéreo español. 

Realmente sorprenden todas las explicaciones que nos han dado hasta el momento, seguramente con el único fin de ocultar la verdad. Incluso sorprenden las respuestas desairadas que, sobre todo, el Ministro Ábalos ha efectuado, y sorprende que nos explique públicamente como un supuesto mérito, lo que debería ser un demerito,  que lleva 30 años en la política y que nadie le va a echar. Quizás sea este el problema de buena parte de la clase política española, llevan toda la vida en la política, creen que nadie les puede echar, lo que les lleva a construir mentiras, ahora posverdades, para continuar donde creen tienen derecho a estar.

miércoles, 12 de febrero de 2020

Diálogo

Artículo publicado en la Tribuna de Diari de Tarragona el 12 de febrero de 2020

Vaya por delante que soy de los que piensan que los litigios, las divergencias y los conflictos, de cualquier clase, siempre pueden solucionarse con el diálogo, en mi profesión son una constante, casi diaria, la transacción y el pacto. Muchos conflictos los solucionamos,
no solo al poco de producirse, sino incluso en las puertas de la sala de vistas, transaccionando entre las partes. Pero para que ello ocurra deben darse principalmente dos requisitos, que las partes en conflicto realmente quieran solucionar el problema, y que ambas respeten el marco normativo. Es imposible alcanzar un acuerdo si solo una de las partes así lo desea, o si no se respeta la ley. Será nulo cualquier pacto que sea contrario a la ley y, por lo tanto, difícilmente aceptable un acuerdo que cualquiera de las partes puede no cumplir alegando dicha nulidad.

Todo ello viene a cuento de la nueva etapa de diálogo que se ha abierto en Cataluña, ante la visita del Presidente del Gobierno a la Generalitat. Quizás sea más exacto puntualizar que esta nueva etapa nace más de la necesidad del voto de los partidos nacionalistas para poder permanecer en La Moncloa, que de una verdadera voluntad de solucionar lo que se ha denominado el conflicto catalán. De no ser así, difícilmente pueden entenderse las declaraciones efectuadas pocos días antes del pacto con ERC, en las que el propio Pedro Sánchez manifestaba la necesidad de recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum o negaba -incluso más de tres veces- la posibilidad de cualquier pacto con los nacionalistas. La necesidad del voto de los partidos nacionalistas en el Congreso va más allá de la investidura, Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa necesita aprobar unos presupuestos -aunque solo sean los de un solo año- que le permitirían gobernar los próximos dos o tres años, recordemos que los actuales fueron los aprobados por Mariano Rajoy en 2018, y son reflejo de la política económica del Partido Popular. 

Desde que Artur Mas visitara a Mariano Rajoy, en julio de 2014, los supuestos intentos y llamadas al diálogo de los presidentes de la Generalitat siempre han sido un chantaje: o cedes y me das me das lo que quiero o lo hago de todos modos. Así, Mas acudió a la Moncloa con la exigencia de celebrar un referéndum el 9 de noviembre, con la amenaza, de que, o me lo permites o lo convoco igualmente, como así sucedió. En el mismo sentido la reunión con Puigdemont, o me autorizas un referéndum o lo hago igualmente, esa ha sido su verdadera voluntad de diálogo. Nunca han querido negociar nada, se han llenado la boca exigiendo diálogo, pero nunca han tenido intención alguna de dialogar,  solo imponer, como quedo patente el 6 y 7 de septiembre de 2017. Negociar, transaccionar, es que cada parte esté dispuesta moverse en alguna de sus posiciones hasta llegar a un punto en común, nunca han tenido la voluntad de ceder en nada.  Eso sí, han tenido a su disposición toda una maquinaria mediática que ha reiterado una y mil veces que quieren negociar, y que quien no quiere es el Estado Español. Una mentira por mucho que se repita sigue siendo una mentira, aunque ésta, al parecer, ha calado en el voto de muchos catalanes, finalidad para la que nació. Y ahora, en esta nueva etapa de un supuesto diálogo, estamos ante un nuevo chantaje: o abres una vía para la independencia o  “lo volveremos a hacer”.

No podemos volver a caer en la trampa de la falsa voluntad de negociación. Para que se abra la verdadera vía de dialogo y negociación es imprescindible que todas las partes  acepten el marco legal, que todos acepten la Constitución y el Estatuto de Cataluña como única vía de solución, principalmente porque son las normas que los ciudadanos catalanes nos hemos otorgado democráticamente entre todos, aceptar un acuerdo fuera de ese marco sería hacer saltar por los aires el Estado democrático. Por ello, con carácter previo a sentarse en la mesa de diálogo, las partes de cualquier conflicto deben aceptar cuál es el marco legal como base de la negociación, e incluso pudiendo acordar iniciar un proceso de cambio de ese marco legal, pero siempre dentro de los cauces democráticos que las normas establecen, en este caso la Constitución y el Estatuto de Autonomía, a esto se le llama democracia. Cualquier otra posibilidad estaría fuera del sistema, y, como tal, cualquier posible acuerdo que naciera de ella, adolecería de nulidad.   

Pero además se erra en la identificación de las partes del diálogo, para poder llegar a un acuerdo es imprescindible acertar con quien se debe dialogar. Si, como ahora dice Pedro Sánchez, y reafirman los independentistas, es un conflicto político -y por lo tanto no es institucional- el diálogo debe ser entre los actores políticos y no entre las instituciones; sin embargo, el Presidente del Gobierno ha excluido del diálogo a Ciudadanos, el partido con mayor representación parlamentaria actualmente en el Parlament, y al Partido Popular,  e incluso ha excluido, de sus contactos con la sociedad catalana, a actores sociales fundamentales, como es Sociedad Civil Catalana.

Y ello nos lleva a la reiterada trampa de hablar siempre en nombre de todos los catalanes, cuando defienden opciones políticas concretas, confundiendo la representación institucional con la opción política, y en este caso con la complicidad del Presidente del Gobierno de España, que se ha negado a hablar con quien representa a la otra mayoría de catalanes. Un claro ejemplo de la confusión entre lo institucional y lo partidista lo tenemos en las palabras de Torra al finalizar el encuentro, -que recordemos ha sido institucional- anunciando que convoca a los Partidos políticos independentistas y solo a estos, junto con  Omnium, la Assamblea y el fantasmagórico Consell Per la Republica, para explicarles la reunión,  poniendo de manifiesto, nuevamente, que nunca ha querido ser el presidente de todos los catalanes, solo de los suyos, principalmente porque a los no independentistas nunca nos ha  considerado catalanes. Esta es la grave consecuencia de confundir las instituciones con la política de partido, y el diálogo con el chantaje.


Pere Lluís Huguet Tous