Artículo publicado en la tribuna de Diari de Tarragona el 26 de febrero de 2017
La democracia y el estado de
derecho no son sentencias favorables a mis postulados, son sentencias acordes
con la ley, son sentencias fundamentadas, incluso sentencias erróneamente
fundamentadas, que para eso está el sistema de doble instancia. Estos días he
oído verdaderas barbaridades sobre diferentes resoluciones judiciales que han
invadido nuestros medios de comunicación. Todos opinando sobre unas sentencias
extraordinariamente técnicas, basando sus opiniones en cuestiones ajenas al
proceso y al razonamiento jurídico, ya se que hoy no está de moda decirlo, pero,
con todos los problemas, defectos y carencias -que los hay-, tenemos una
justicia básicamente independiente, sí han oído bien, independiente. Y la nuestra
no con muchos más problemas que las de nuestros países vecinos, con
consolidados sistemas judiciales, quizás sí con muchos menos medios, pero en
igual grado de independencia.
Hagamos un pequeño análisis de la
situación y comparémoslo con nuestro entorno. Un tribunal de “provincias” ha
condenado a más de 6 años al yerno del Rey, y cuñado del actual Jefe del Estado.
Parece que a mucha gente le parece poca condena, ¿por qué? ¿porqué es el yerno del Rey?, sin
embargo no he escuchado ninguna opinión que
razone el porqué debería ser una condena más alta, simplemente se aferran a que
el parentesco le ha favorecido. No he oído ninguna argumentación jurídica que
rebata el fundamento de la sentencia que le absuelve de determinados delitos,
solo proclamas, alegando que no todos somos iguales, que si no entrará en la
cárcel…, pero ninguna fundamentación jurídica. Seamos o no yerno, no vale
alegar el parentesco para justificar que la sentencia es poco dura, solo valen
razonamientos jurídicos, solo vale el rigor jurídico en la critica, estaremos
de acuerdo o no, en los fundamentos y en los hechos probados, pero no cabe
alegar, sin justificación alguna, buscando el populismos fácil, que es blanda
simplemente porque no todos somos iguales ante la ley. Quizás la sentencia sea
blanda, pero no porque no exista igualdad ante la ley, sino porque el tribunal
habrá errado en la aplicación de la doctrina jurídica o en la apreciación de la
prueba, tal como ocurre en miles de sentencias que son revocadas por el
tribunal superior, cada día en nuestra justicia, y no por ello se escandaliza
nadie, lo importante, lo fundamental, es que la sentencia esté motivada, en
base a nuestra doctrina jurídica y eso nadie lo ha cuestionado.
Vayamos ahora a la absolución de
la Infanta, cuando el Juez Castro la mandó a juicio, se ensalzó a dicho juez
como adalid de la independencia judicial, cuando un Tribunal compuesto por tres
Magistradas la absuelve es un atentado a la independencia porque es la hija del
Rey Emérito, pero reitero ¿no somos todos iguales ante la ley?, seamos hijo de
quien seamos. Llevo casi treinta años ejerciendo la abogacía, y les podría
traer a colación diferentes sentencias de procesos en los que he intervenido en
los que se ha absuelto a la esposa, con los mismos argumentos que la Infanta.
Ya hace muchos años que la responsabilidad penal por el resultado –Versari in
re illicita- fue proscrita de nuestro ordenamiento y se requiere, tal como
sanciona el artículo 5 del Código Penal, la concurrencia de dolo o, como mínimo,
imprudencia para ser condenado. Y debemos recordar que en la misma sentencia
también se absuelve a la esposa de Diego Torres, y no he leído o escuchado
queja alguna por dicha absolución, reitero ¿no somos todos iguales ante la ley?.
Y resulta curioso, que nadie, absolutamente nadie, ha
cuestionado la capacidad e independencia del Tribunal, que además está
compuesto por tres mujeres, todas ellas de conocido prestigio como juristas y
como magistradas, dictan una sentencia por unanimidad, y resulta que dicha
sentencia es contraria a la igualdad y a la independencia judicial, simplemente
porque razonada y jurídicamente absuelven a la hija del Rey Emérito. Pero
vayamos a nuestro entorno, todos conocemos por la prensa diferentes escándalos financieros, sobornos o
tráfico de influencias, que han salpicado a diferentes monarquías europeas,
busquemos cuántos de dichos miembros de las casas reales europeas han sido simplemente
investigados, imputados o juzgados por la justicia de Bélgica, Holanda,
Inglaterra, Suecia, o de cualquier país, en los últimos 50 años, resultado:
ninguno.
Pues aquí resulta que, hemos
sentado en el banquillo a uno de ellos y condenado a su marido; hemos condenado
por utilización indebida de unas tarjetas de crédito a todo un ex vicepresidente
del Gobierno de España y director gerente del Fondo Monetario Internacional,
Rodrigo Rato, cumplieron penas de prisión el todopoderoso banquero Mario Conde, el financiero Javier de la Rosa,
el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio, los empresarios José Luis Núñez,
padre e hijo, ministros como Barrionuevo o Jaume Matas, presidentes de
parlamentos autonómicos como María Antonia Munar, magistrados como Pascual Estivill, abogados como Pique Vidal, y
así toda una larga lista de personas relevantes que han sido o son inquilinos
de instituciones penitenciarias. Y ahora juzgarán a Millet y Montul, a la
Gurtel, a los Pujol, a los ERES en
Andalucía, y otro largo etc., no podemos
decir que haya impunidad. Han robado todo lo que han podido, pero la justicia
también les ha llegado, o les llegará. Quizás el problema sea la lentitud
asociada a la carencia de medios que depende de las asignaciones
presupuestarias. Me hubiera gustado ver a todos los que denuncian, estos días, la
falta de independencia de la justicia, y a los que dicen que la ley no es igual
para todos, denunciar la falta de medios para que no tengamos que esperar años
para resolver, no solo los grandes procesos de corrupción, sino también los
pequeños procesos que afectan al ciudadano de a pie.
Pere Lluís Huguet Tous
Advocat
@perehuguet
