Artículo publicado en el Confilegal el 28 de abril de 2016
Vaya por delante que es una minoría,
pero el daño que hacen a la imagen de la
justicia es mayúsculo. Los abogados y los ciudadanos algunas veces tenemos que
sufrir la mala educación de quién cree
que el ejercicio de la autoridad comporta mostrarse tosco e incluso mal
educado, como hemos dicho es una minoría, pero llama la atención, que cada vez
aumentan estas situaciones que dan una imagen errónea de la Administración de Justicia.
La autoridad y el ejercicio de ésta no está reñido con la educación y las
buenas maneras. En los juicios es donde los ciudadanos tienen mayor relación o
contacto con los jueces, y por lo tanto, la imagen de estos será la imagen de
la Administración de Justicia para el ciudadano, por ello el respeto a todos
los asistentes y el respeto a las normas básicas de educación son elemento
esencial en el acto del juicio sin que ello menoscabe o limite la autoridad del
juez que debe ordenar y dirigir el debate de conformidad con la ley.
¿Tan difícil es para algunos dar los
buenos días? O simplemente agradecer la asistencia a un juicio de un testigo
que colabora con la Administración de Justicia, y que generalmente ha sido
víctima de un delito, o que ha tenido que dejar su trabajo u ocupación para
asistir al juicio y quizás incluso enfrentarse con quien le causó un daño. Un
simple "gracias por haber venido" cambia la percepción del ciudadano,
y ¿tan difícil es para algunos pronunciar estas palabras? Por ello, la mala
educación de un juez hace un daño enorme a la Administración de Justicia y su
percepción por los ciudadanos como servicio público esencial en un estado de
derecho, y echa por el suelo todo el trabajo que hacen multitud de compañeros
suyos cada día que sí saben tratar con
respeto a todos los ciudadanos.
Pero lo preocupante es que
últimamente estas situaciones se repiten con mayor frecuencia, quizás por el
estrés y la carga de trabajo, por las constantes reformas, o por la situación
general de la Justicia, pero el daño que hacen a una labor extraordinaria de
los jueces y magistrados es enorme, porque lo que se recuerda del paso por un
juzgado, no es que la justicia ha funcionado, sino las malas maneras de un
juez, por mucho que después le dé la razón en la sentencia. Pongamos un ejemplo
que ocurre cada día en nuestros juzgados: los juicios penales en los que antes
de iniciarse abogado y fiscal pactan una condena con conformidad, a ese juicio
han asistido testigos víctima del delito etc., una vez efectuada la conformidad
se suspende la vista y no se precisa la declaración de ninguna de las personas
que han sido citadas. A partir de aquí caben dos posibilidades: que el agente
judicial salga al pasillo y diga a todas estas personas que el juicio ha
terminado y que pueden irse sin mayor explicación, o como mucho, la indicación “han pactado” lo que aún lo
complica más, y que genera frustración de quien no entiende qué ha pasado y regresa a sus
ocupaciones con la sensación de haber perdido el tiempo y que la justicia no ha
funcionado. La segunda posibilidad, que hemos de decir hacen muchos jueces pero
que tendría que ser la totalidad, es hacer entrar a todos a la sala de vistas,
el juez les agradece su asistencia y les explica que no ha sido necesaria su
declaración ya que el acusado ha reconocido los hechos y ha sido condenado, el
ciudadano regresa a su casa pensando que la justicia ha funcionado y ha servido
su presencia. Dos maneras de hacer lo mismo, una conformidad penal, pero como
vemos la actitud del juez hace que el ciudadano se lleve una imagen u otra de
la administración de justicia.
Por ello, si queremos que el ciudadano cambie la
imagen que tiene de la Administración de Justicia es necesario que desde sus
órganos de gobierno y especialmente el Consejo General del Poder Judicial, se establezca
un código de buenas prácticas de cumplimiento obligatorio en las relaciones
entre la Administración de Justicia y los ciudadanos. Y ello no menoscaba ni la
autoridad del juez ni atenta contra la independencia judicial, adelantándome a
lo que algunos inmediatamente manifestarán. La educación, las buenas prácticas
y el respeto nunca pueden menoscabar la independencia judicial, como no lo hizo
la carta de derechos del ciudadano ante la administración de justicia aprobada
el 16 de abril de 2002 en el Congreso de los Diputados, pero sin carácter
normativo, después de casi 15 años es la hora de dar un paso más, para que los
ciudadanos perciban la Administración de Justicia como un servicio público
esencial en un estado democrático y al servicio de los ciudadanos