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miércoles, 15 de marzo de 2017

INDEPENDENCIA JUCIDICIAL

Artículo publicado en la tribuna de Diari de Tarragona el 26 de febrero de 2017

La democracia y el estado de derecho no son sentencias favorables a mis postulados, son sentencias acordes con la ley, son sentencias fundamentadas, incluso sentencias erróneamente fundamentadas, que para eso está el sistema de doble instancia. Estos días he oído verdaderas barbaridades sobre diferentes resoluciones judiciales que han invadido nuestros medios de comunicación. Todos opinando sobre unas sentencias extraordinariamente técnicas, basando sus opiniones en cuestiones ajenas al proceso y al razonamiento jurídico, ya se que hoy no está de moda decirlo, pero, con todos los problemas, defectos y carencias -que los hay-, tenemos una justicia básicamente independiente, sí han oído bien, independiente. Y la nuestra no con muchos más problemas que las de nuestros países vecinos, con consolidados sistemas judiciales, quizás sí con muchos menos medios, pero en igual grado de independencia.

Hagamos un pequeño análisis de la situación y comparémoslo con nuestro entorno. Un tribunal de “provincias” ha condenado a más de 6 años al yerno del Rey, y cuñado del actual Jefe del Estado. Parece que a mucha gente le parece poca condena, ¿por qué?  ¿porqué es el yerno del Rey?, sin embargo  no he escuchado ninguna opinión que razone el porqué debería ser una condena más alta, simplemente se aferran a que el parentesco le ha favorecido. No he oído ninguna argumentación jurídica que rebata el fundamento de la sentencia que le absuelve de determinados delitos, solo proclamas, alegando que no todos somos iguales, que si no entrará en la cárcel…, pero ninguna fundamentación jurídica. Seamos o no yerno, no vale alegar el parentesco para justificar que la sentencia es poco dura, solo valen razonamientos jurídicos, solo vale el rigor jurídico en la critica, estaremos de acuerdo o no, en los fundamentos y en los hechos probados, pero no cabe alegar, sin justificación alguna, buscando el populismos fácil, que es blanda simplemente porque no todos somos iguales ante la ley. Quizás la sentencia sea blanda, pero no porque no exista igualdad ante la ley, sino porque el tribunal habrá errado en la aplicación de la doctrina jurídica o en la apreciación de la prueba, tal como ocurre en miles de sentencias que son revocadas por el tribunal superior, cada día en nuestra justicia, y no por ello se escandaliza nadie, lo importante, lo fundamental, es que la sentencia esté motivada, en base a nuestra doctrina jurídica y eso nadie lo ha cuestionado.

Vayamos ahora a la absolución de la Infanta, cuando el Juez Castro la mandó a juicio, se ensalzó a dicho juez como adalid de la independencia judicial, cuando un Tribunal compuesto por tres Magistradas la absuelve es un atentado a la independencia porque es la hija del Rey Emérito, pero reitero ¿no somos todos iguales ante la ley?, seamos hijo de quien seamos. Llevo casi treinta años ejerciendo la abogacía, y les podría traer a colación diferentes sentencias de procesos en los que he intervenido en los que se ha absuelto a la esposa, con los mismos argumentos que la Infanta. Ya hace muchos años que la responsabilidad penal por el resultado –Versari in re illicita- fue proscrita de nuestro ordenamiento y se requiere, tal como sanciona el artículo 5 del Código Penal, la concurrencia de dolo o, como mínimo, imprudencia para ser condenado. Y debemos recordar que en la misma sentencia también se absuelve a la esposa de Diego Torres, y no he leído o escuchado queja alguna por dicha absolución, reitero ¿no somos todos iguales ante la ley?.

Y resulta curioso,  que nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado la capacidad e independencia del Tribunal, que además está compuesto por tres mujeres, todas ellas de conocido prestigio como juristas y como magistradas, dictan una sentencia por unanimidad, y resulta que dicha sentencia es contraria a la igualdad y a la independencia judicial, simplemente porque razonada y jurídicamente absuelven a la hija del Rey Emérito. Pero vayamos a nuestro entorno, todos conocemos por la prensa  diferentes escándalos financieros, sobornos o tráfico de influencias, que han salpicado a diferentes monarquías europeas, busquemos cuántos de dichos miembros de las casas reales europeas han sido simplemente investigados, imputados o juzgados por la justicia de Bélgica, Holanda, Inglaterra, Suecia, o de cualquier país, en los últimos 50 años, resultado: ninguno.

Pues aquí resulta que, hemos sentado en el banquillo a uno de ellos y condenado a su marido; hemos condenado por utilización indebida de unas tarjetas de crédito a todo un ex vicepresidente del Gobierno de España y director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, cumplieron penas de prisión el todopoderoso banquero  Mario Conde, el financiero Javier de la Rosa, el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio, los empresarios José Luis Núñez, padre e hijo, ministros como Barrionuevo o Jaume Matas, presidentes de parlamentos autonómicos como María Antonia Munar, magistrados como  Pascual Estivill, abogados como Pique Vidal, y así toda una larga lista de personas relevantes que han sido o son inquilinos de instituciones penitenciarias. Y ahora juzgarán a Millet y Montul, a la Gurtel, a los Pujol,  a los ERES en Andalucía, y otro largo  etc., no podemos decir que haya impunidad. Han robado todo lo que han podido, pero la justicia también les ha llegado, o les llegará. Quizás el problema sea la lentitud asociada a la carencia de medios que depende de las asignaciones presupuestarias. Me hubiera gustado ver a todos los que denuncian, estos días, la falta de independencia de la justicia, y a los que dicen que la ley no es igual para todos, denunciar la falta de medios para que no tengamos que esperar años para resolver, no solo los grandes procesos de corrupción, sino también los pequeños procesos que afectan al ciudadano de a pie.

Pere Lluís Huguet Tous
Advocat

@perehuguet

martes, 19 de abril de 2016

¿Y SI, A PESAR DE TODO, SOMOS MÁS FUERTES?


Artículo publicado en la Tribuna del Diari de Tarragona el 19 de Abril de 2016

Permítanme una reflexión basada en el optimismo. Sé que estamos sumidos en una grave crisis institucional, en una galopante corrupción, en una mayúscula crisis económica de la que no acabamos de salir, que no tenemos gobierno en España, y que el gobierno de la Generalitat juega con la desobediencia, en fin, un panorama poco alentador, pero, ¿y si resultase que en el fondo somos más fuertes, y tenemos unas instituciones más sólidas de lo que creemos?

             Hagamos un análisis de la situación, veamos como las instituciones del Estado, nacidas de la Constitución de 1978, han aguantado esta tormenta perfecta de confluencia de crisis.

            Los escándalos por conductas deshonestas no los tenemos en exclusiva los españoles ni la familia Real, o mejor dicho los familiares del Rey. Veamos otras monarquías parlamentarias existentes en Europa, en países de mucha más larga tradición democrática, casi ninguna de ellas ha quedado excluida de episodios de corrupción o tráfico de influencias, recordemos los diferentes escándalos de la familia real Belga, Sueca y no digamos la Británica. Pero parece que sí tenemos la exclusiva en alguna cosa, somos el único país, aún con todos los peros que queramos ponernos, que ha sentado en el banquillo al yerno y a la hija del Rey; y una característica más: ante un Tribunal ordinario y por un juez de “provincias”. No me imagino a la hija o al hijo, al yerno o a la nuera, de cualquier soberano Europeo, sometido a un proceso ante un tribunal penal ordinario y retrasmitiendo todo el acto de la vista oral por televisión, lo hemos hecho y no ha pasado nada. Quizás tengamos una justicia más independiente de lo que pensamos, quizás tengamos jueces que, a pesar de la endémica carencia de medios, siguen haciendo su trabajo persiguiendo la Justicia, sea quien sea y pese a quien pese.

             Esta semana, quien fue una de las persona con más poder de este país ha vuelto a la cárcel. Mario Conde cumplió una dura pena de prisión y por muy “poderoso” que fuese, fue sometido a un juicio y fue condenado, pero la justicia no tuvo suficiente con ello, y después de su salida de prisión siguió observándole para recuperar el dinero que sustrajo ilegítimamente. No le han servido ingenieras financieras, ni cuentas ocultas, ni paraísos fiscales, al fin ha vuelto a caer y la justicia recuperará el dinero defraudado. Pero Mario Conde no es el único “poderoso” que ha dado con sus huesos en la cárcel, tenemos una larga lista, desde los Núñez, a Javier de la Rosa, Prenafeta, Roldan, etc. Pero,  ¿recuerdan a Juez todopoderoso Pascual Estivill? vocal del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de las jueces, también acabó en la cárcel junto a su abogado, socio de uno de los mejores despachos de Barcelona, y mi profesor de derecho procesal penal, Joan Pique Vidal. Pero, sigamos, recordarán a Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España y persona de gran influencia en la sociedad, pues también la justicia lo cazó y lo ingresó en prisión; y no hablemos de Ministros del gobierno que también terminaron entre rejas.

           Especial referencia merece el caso de Rodrigo Rato, miembro destacado del gobierno de José María Aznar, y según los economistas artífice del milagro económico de la España de finales de los 90; pues bien, en plena campaña electoral y gobernando su partido, fue detenido en directo ante las pantallas de televisión y  los ojos de todos los españoles, ¿pero no decíamos que la policía la controla el gobierno y es un instrumento de éste y que la justicia está politizada?. Quizás es que tenemos una policía más independiente de lo que pensamos, quizás la restructuración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se hizo durante la transición se le doto de una mayor independencia precisamente para contrarrestar la situación anterior.  Pero igual reflexión merece la reciente y polémica detención del alcalde del Partido Popular de Granada, en plena fase de pactos postelectorales para la formación del gobierno y en el momento más inoportuno para el PP, quizás nuestras instituciones sean más solidas y consolidadas de lo que creemos y que no entienden de calendarios sino de persecución del delito, y unos servidores públicos con verdadera vocación de servicio a la sociedad.

 Pero sigamos, también esta misma semana nos enteramos que la inspección de hacienda ha abierto un expediente sancionador y ha multado, ni más ni menos,  al ex presidente del gobierno José María Aznar, presidente honorario del partido que gobierna, ¿no habíamos quedado que los políticos controlan la administración?. O es que quizás tenemos una administración que no entiende de siglas y si de aplicar la ley y por lo tanto más consolidada en la búsqueda del bien común de lo que creíamos.

 Al final, las instituciones funcionan, podríamos seguir analizando casos e incluso compararlos con supuestos parecidos ocurridos en otros países, sin ir mas lejos Berlusconi, condenado en primer grado a 7 años de prisión  por constricción a la  prostitución de menores y abuso de autoridad en el Proceso Ruby, posteriormente fue absuelto por el Tribunal Supremo en una polémica sentencia que provocó la dimisión del presidente del mismo, y que fue condenado nuevamente a 4 años de prisión por fraude fiscal en el Proceso Mediaset, siendo indultado por el gobierno de esta última condena, en conclusión no ha cumplido ni un solo día de cárcel.

 Estoy seguro que encontraremos también en nuestro país situaciones de impunidad e indultos extraños, me vienen a la memoria algunos, pero la norma general es que nuestras instituciones, nacidas de la Constitución de 1978, funcionan. Quizás un poco oxidadas, con necesidad de una mano de chapa y pintura, pero la estructura es sólida, por lo que debemos trabajar todos juntos para mejorarlas, para incrementar la independencia, la trasparencia, y para mejorar en la redistribución de la riqueza, hacer en definitiva una sociedad más justa. Quizás es el momento de llevarlas a “revisión”, tras 37 años, para que podamos seguir avanzado otros tantos.

sábado, 13 de diciembre de 2014

LA VERDADERA TRANSPARENCIA

Artículo Publicado en la Tribuna del  Diari de Tarragona 13 de diciembre de 2014

El pasado día 10 de diciembre entró en vigor la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada un año antes por las Cortes Generales, con esta ley España se incorpora tarde a la órbita de los países Europeos que tiene regulada por Ley la transparencia administrativa y el acceso a la información pública.

Hoy, cuando la corrupción es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y luchar contra ella se hace imprescindible, la transparencia administrativa se convierte en una de las herramientas principales. Ciertamente la nueva regulación de la publicidad activa es un importante paso adelante para dar a conocer al ciudadano las informaciones de relevancia jurídica y económica que afecta a las administraciones y sus gestores, realmente los datos que todas las administraciones deberán publicar en su pagina web son trascendentes, que van desde todos los contratos suscritos a las retribuciones de los altos cargos o las subvenciones percibidas así como los presupuestos y auditorias. No obstante el verdadero derecho de acceso a la información se configura en el capitulo III, y sin duda, podemos decir que nuevamente hemos perdido una oportunidad de avanzar con el objetivo de recuperar por la ciudadania su fe en la clase política. Efectivamente la nueva Ley es un avance importante especialmente en la definición que se da al nuevo redactado del artículo 37 de la Ley del Regimen Jurídico de las Administraciones Publicas que pasa a titularse el “Derecho de acceso a la información pública” estableciendo  el nuevo articulo que los ciudadanos tiene derecho a acceder a la información publica, archivos y registros, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, acceso a la información Publica y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación. Ante el nuevo redactado observamos dos ámbitos diferenciados en primer lugar el derecho de acceso de los ciudadanos con carácter general y equiparable a la legislación de países de nuestro entorno y en segundo lugar la limitación de dicho acceso ya que este debe hacerse de conformidad con las leyes y estas realmente no facilitan la agilidad del acceso.

Si realmente queremos luchar contra la corrupción es necesaria una verdadera revolución administrativa y ciertamente esta ley se queda corta, seguimos sin establecer un criterio general de acceso por los ciudadanos a cualquier documento publico sin ningún otro requisito. En este sentido tenemos ejemplos como la completa Ley Servia o la “Freedom for information act” aprobada en el año 2000 en el Reino Unido que sin ser un modelo ideal, resulta mucho más avanzada qué la recientemente aprobada en España. En este sentido establece la legislación Inglesa en su articulo 1 el derecho general de acceso a la información en poder de las autoridades estableciendo un sistema simple: “yo lo pido, tu me lo das o me dices donde está”, estableciendo su articulo 10 un máximo de 20 días en entregar la documentación o decir donde esta, y todo ello apoyado en un principio fundamental: el deber de la administración de prestar asesoramiento y asistencia al ciudadano que reclama la información.

Pues bien, nuestra ley establece también el principio general de acceso a la información pero siguiendo nuestra mas clásica tradición, inmediatamente después de declarar el libre acceso, establecemos los tramites para el ejercicio del derecho, mediante un expediente administrativo,  en el que debe dictarse la correspondiente resolución administrativa otorgando o denegando el acceso en el plazo máximo de un mes prorrogables por otro mes (Art 20). En definitiva creamos un expediente administrativo para acceder a la información obrante en otro expediente administrativo, sin duda es un avance pero teniendo en cuanta el panorama del país podíamos haber avanzado hacia un regimen más moderno y eficaz de transparencia.

Si entendemos, y así lo declara la ley con las excepciones del articulo 14, que todos los documentos en poder de las administraciones publicas son públicos, ¿porque necesitamos un expediente para determinar si lo son o no? era mucho mas fácil establecer el derecho de cualquier ciudadano a la documentación publica simplemente pidiéndolo mediante instancia, correo electrónico o comparecencia, y que el funcionario competente debiera entregar copia del mismo sin necesidad de expediente alguno, simplemente con la petición del ciudadano. Estableciendo no obstante que si el funcionario cree que concurre alguna de  aquellas excepciones que por razón de la seguridad nacional o protección de datos personales deban limitarse su acceso, es cuando se iniciará un expediente debiendo dicta una resolución motivada de denegación del acceso, en cualquier otro supuesto solo cabe entregar el documento.
La verdadera transparencia y acceso a la información se basa en poner en manos de los ciudadanos sin mas requisitos que la simple solicitud y sin mas excepciones que la seguridad nacional o la protección de datos personales, toda la documentación pública