LAS MENTIRAS DE PUIGDEMONT

Artículo publicado en Diari de Tarragona el 2 de noviembre de 2017

El pasado martes en Bruselas el Ex president Puigdemont, realizó una graves acusaciones a la justicia Española, la acusó de no garantizar sus derechos, de que no existen garantías para un juicio justo, e incluso llegó a decir que existe impunidad de la extrema derecha. Creo que todo ello merece ser analizado, aunque ya por sí solo resulte a todas luces incierto.

En relación a lo último, la referida impunidad de la extrema derecha, quizás convenga recordarle a nuestro ex presidente que justo esta semana los ultras que entraron en Blanquerna se les ha ordenado el ingreso en prisión con penas de hasta cuatro años, y que, los que agredieron a manifestantes en Valencia, fueron identificados, detenidos, y están pendientes de juicio.

Nuestra Administración de justicia no es perfecta, somos muchos los que criticamos su tradicional carencia de medios, los defectos de muchas leyes procesales, entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a tenor de las declaraciones del abogado del Sr. Puigdemon, Jaume Alonso Cuevillas, sobre la necesidad de contar con más tiempo para preparar la defensa y que la citación prematura puede producir indefensión, debo darle la razón. Efectivamente, uno de los problemas de nuestra justicia es su lentitud, pero en algunos casos los abogados nos vemos conminados a preparar la defensa no en días, ni siquiera en horas, sino en minutos y todo ello desde la aprobación de la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado mediante la Ley 38/2002. En estos supuestos los abogados debemos asesorar a nuestro cliente si aceptar la pena solicitada por el fiscal, y obtener así una rebaja de la misma, o indicarles que hay causa para obtener una absolución en el juicio Oral todo ello en minutos, de pie o sobre el mostrador en el juzgado de guardia, ya se que no son delitos tan graves como la sedición o la rebelión, pero para el ciudadano sometido a juicio seguro que es el más importante. Nos gustaría que la ley permitiera un cierto margen para un estudio más sosegado de un asesoramiento que puede llevar a la privación de libertad.

Pero resulta sorprendente que, quien ahora se queja de la premura de las citaciones judiciales, ha tenido en su gobierno un Consejero de Justicia con las competencias en dicha materia trasferidas. Consejero que nunca ha mostrado queja alguna a la situación del enjuiciamiento en juicios rápidos; es más, si indagamos en el trámite parlamentario observamos que la “paternidad” de la mencionada ley, la que obliga a los abogados a preparar la defensa en minutos, se la atribuía CiU en el pleno del Congreso de los Diputados que aprobó la ley, y así el diputado Sr. Silva decía: “Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán debe congratularse, y así́ lo hace, de que una iniciativa como la introducción o el refuerzo en nuestro ordenamiento jurídico de los juicios rápidos e inmediatos, que entendemos que es paternidad del Grupo Parlamentario Catalán pueda ser objeto de aprobación inicial por el Congreso en el día de hoy” (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 27 junio de 2002). Por ello resulta hoy paradójico que, quien pertenece al mismo partido -o a su sucesor PDCAT-,  pida ahora más tiempo para preparar la defensa, cuando en la ley, cuya paternidad reclamaron no se contempló para los abogados en los juicios rápidos. Pero tampoco goza de mayor tiempo el abogado que asume la defensa de un detenido por cualquier delito grave, -asesinato por ejemplo- tendrá como mucho para preparar su defensa las 72 horas en que como máximo puede tardar la puesta a disposición judicial y por lo tanto su declaración y la comparecencia del articulo 505 de la Lecrm. para la adopción de medidas cautelares. En definitiva, pues, los abogados de los miles de ciudadanos que en España han sido detenidos no han dispuesto de más de 72 horas para preparar su defensa, la mayoría de ellas sin tener copia del atestado hasta el momento de la declaración. Coincido con el profesor Alonso Cuevillas de que nos gustaría disponer de más tiempo, pero también debemos recordar un principio de igualdad ante la ley, ¿hay alguna razón especial para que el Sr.Puigdemont no sea igual al resto de ciudadanos españoles?

El ex presidente también ha acusado a nuestra justicia de carecer de imparcialidad y de que no puede garantizar un juicio justo. Y qué mejor que acudir a las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para saber si la afirmación del Sr, Puigdemont tiene algún fundamento o si es otra de las acusaciones infundadas que ha dirigido a nuestro Estado. Pues bien, en el periodo 2014-2016 las sentencias condenatorias por haber infringido los derechos humanos, entre ellos el derecho a un juicio justo, en cada uno de los países con jurisdicción del Tribunal nos dan datos muy reveladores de la calidad de la justicia en los países europeos; así, en dicho periodo se condenó por vulneración de los derechos humanos a Suiza en 14 ocasiones, 13 a Suecia, 67 a Francia, 17 a Holanda, 1 a Alemania y 5 al Reino Unido, a España se la condenó en 8 ocasiones. Como puede verse estamos mucho mejor que los países de nuestro entorno, aquellos a cuya sede acude ahora el Ex President a intentar poner en evidencia nuestro sistema judicial, que, con defectos, es según parece mucho más seguro que el de la mayoría. Y si analizamos las estadísticas desde 1979, cuando España firmó el tratado, observamos que estamos muy por debajo de la media de condenas, incluso de la media de los países de la UE. Por ello, solo podemos concluir que el Sr. Puigdemont miente cuando dice que en España no puede garantizarse un juicio justo. España es un Estado de derecho homologable a los restantes países europeos, siempre mejorable, por supuesto. En España existe la independencia judicial, a diferencia del diseño del nuevo estado que pretendía implantar la ley de transitoriedad jurídica, donde ésta desaparecía ya que los jueces habrían sido nombrados por el poder político.

Sr. Puigdemont ya no cuelan sus mentiras.