Artículo publicado en la Tribuna del Diari de Tarragona el 4 de mayo de 2016.
El pasado viernes el Conseller de Justicia visitó Tarragona
y Reus, por la mañana anunció la paralización de la construcción del fórum
judicial de Tarragona por falta de presupuesto, y por la tarde, en la fiesta
del Col.legi D’Advocats de Reus, anunció la inversión de algo más de un millón
de euros para el palacio de justicia de Reus. La verdad es que me sorprendió,
ya que en los últimos meses no había oído reclamación alguna de mejoras de un
palacio de justicia relativamente nuevo y que se renovó y amplió hace pocos
años. Soy reusense, y bienvenidas sean las inversiones en mi ciudad, pero
quizás en el ámbito de la justica la prioridad ahora es Tarragona, lo que nos
lleva a reflexionar sobre cuál es el orden de prioridad de las inversiones
publicas, qué criterios se utilizan para
distribuir el dinero de todos, y que anualmente ponemos en manos de los
políticos para que presupuesten su distribución. Y solo me cabe concluir que,
en lo que respecta a aquel dinero público que a la Generalitat le corresponde
distribuir, el Camp de Tarragona siempre acaba perdiendo.
No quiero pensar que se utilizan criterios políticos o
electoralistas en las decisiones de las inversiones, por encima de los
criterios técnicos, los de necesidad o de cohesión territorial. Y quiero creer
que ninguna influencia ha tenido en la decisión de la Consellería de Justicia,
el hecho de que en Reus gobierne Convergencia, con ERC y Ara Reus , y que en
Tarragona, en cambio, gobierne un pacto entre PSC, PP y Unió.
Pero la historia nos hace sospechar. Sigamos con el tema de
los palacios de justicia, a principios de los 90 la situación de los Juzgados
de Reus era caótica, los expedientes se amontonaban en los pasillos, pero
resultó imposible la construcción de unas nuevas instalaciones ya que el Ayuntamiento, gobernado entonces por PSC, y la Generalitat, gobernada por CIU, no
consiguieron llegar a un acuerdo para su ubicación. Tuvo que ser la sociedad civil
la que se movilizó con una plataforma ciudadana liderada por el entonces decano
del Colegio de Abogados D. Enric Castro la que presionase a ambas
administraciones para que finalmente llegaran a un acuerdo. Pero, mientras
tanto, los ciudadanos de Reus sufrimos una caótica situación en los juzgados
que se prorrogó más de la cuenta por la mencionada falta de acuerdo.
Ahora la situación caótica está en Tarragona, y cualquier responsable político que busque que
un servicio público esencial funcione correctamente debe tener, como prioridad
en el ámbito de la justicia, a Tarragona, única capital de las cuatro con las
oficinas judiciales distribuidas en 8
sedes diferentes, y, a excepción del edificio de la Audiencia, todas de alquiler
con el importante coste que ello supone.
Tengo la sensación que no somos una prioridad, y que siempre
se espera al final, cuando ya el servicio publico que necesita de la inversión está
en colapso. No hay previsión, solo se actúa cuando la deficiencia es mayúscula,
y no hay más remedio. Las necesidades de la justicia acostumbran a ser
absolutamente previsibles, con algunas puntas por razón de las diferentes
crisis pero vinculadas a los movimientos demográficos, constantemente debería
haber un plan de inversiones para ir evolucionando con las necesidades, según
las tendencias demográficas lo exijan. Y esto es extrapolable a otros ámbitos, desde
las carreteras a cualquier infraestructura que necesita una evolución según
evoluciona la población de un territorio, y no esperar a que las
infraestructura se colapsen para empezar a planificar la inversión. Mis hijos
estudian en Barcelona, los domingos por la tarde los trenes que van a Barcelona
siguen con parte del pasaje de pie, y lo mismo ocurría hace 30 años cuando yo
hacía el mismo recorrido, y no se ha reducido ni un minuto el tiempo del trayecto,
lo cual es incomprensible. Tarragona es la única capital de provincia de
Catalunya en la que la alta velocidad no llega al centro de la ciudad.
En fin, da la sensación que las prioridades de los
ciudadanos no son las prioridades de la clase política, que prefiere invertir
en cubrir un monstruoso déficit de algún medio de comunicación antes que
invertir en servicios públicos que inciden directamente en la economía y en la
vida de los ciudadanos. Un proceso judicial en el ámbito mercantil que dura
años hunde cualquier empresa, y un divorcio que dura años hunde a cualquier
familia, y solo con parte de los 19,7
millones de euros del último presupuesto
de la Generalitat para Acción Exterior, ya tendríamos el fórum judicial de
Tarragona.
Pere Lluís Huguet Tous
Abogado
@perehuguet
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