sábado, 1 de septiembre de 2018

Donde está el fascismo (II) (contestación al artículo de Lluís Agustench)



Artículo publicado en Diari de Tarragona el 1 de septiembre de 2018

El pasado día 29 de agosto, tuve la grata noticia que, después de varios años escribiendo en la Tribuna del Diari de Tarragona, alguien había contestado a mi artículo “Donde está el fascismo”. Artículo que por razones que desconozco, pero puedo intuir, se convirtió en viral en las redes sociales. Quien me conoce, sabe que nunca huyo del debate y que siempre he disfrutado con un buen contraste de pareceres, especialmente jurídico. Y con ese espíritu empiezo la lectura del artículo que en su integridad me dedica el compañero Lluís Agustench, bajo el título “De Catalunya, només n´hi ha una”, y en seguida me doy cuenta que mi ilustre compañero, en lugar de aprovechar las páginas de nuestro querido Diari en contrarrestar mi artículo con sólidos argumentos jurídicos -que estoy seguro posee-, dedica el mismo a descalificativos de ámbito personal, terminando, como es habitual en estos casos, cuando faltan otros argumentos, llamándome fascista.

Pero merece la pena analizar dicho artículo ya que recoge, con bastante fidelidad, lo que está ocurriendo en Catalunya. Ya el título del artículo recuerda uno de los lemas del franquismo que tanto menciona, -“Una, Grande y Libre”- y su contenido recuerda también  el de la Alemania nazi, a la que también hace referencia -Ein Volk, ein Reich, ein Führer ("Un pueblo, un imperio, un líder”)-. Por otro lado, nuestros ensayistas hispanos llevan un siglo hablando de las dos Españas, que tan bien describió Antonio Machado y después cantó Juan Manuel Serrat, pero de Catalunya solo hay una, y contradecirlo es grave anatema. Como dice mi ilustre compañero -cuestión que no pongo en duda- Catalunya tiene mil doscientos años de historia, pero no como nación independiente, como pretende hacernos creer, como muy bien sabrá el concepto de nación surge en el siglo XIX por lo que difícilmente existía hace 1200 años. Quizás mi docto compañero bebe de las fuentes del “Institut Nova Historia”, ese que dice que Cervantes escribió el Quijote en catalán pero que los malvados españoles lo destruyeron y tradujeron al castellano, o que Santa Teresa de Jesús era catalana y Colón, que no salió a conquistar América desde Palos de la Frontera sino desde Pals (Girona).

Pero sigamos, me recrimina que critique el artículo del president Torra, y da a entender que como el titulo del presidente es  el de “Muy Honorable” su honorabilidad no puede ser discutida, y es intrínseca al cargo, como “lider” indiscutible de la nación, de esa Catalunya única. No obstante nada dice de las feroces criticas al Jefe de Estado por su discurso del 3 de octubre del propio Sr. Torra, o las llamadas a regresar a su tierra que constantemente realizan a quien es la cabeza del partido más votado en Catalunya, aquí hay “bula papal” para criticar insultar y cuestionar, por eso habla de una única Catalunya esa que solo es suya.

Pero además, y aquí está la esencia de parte del problema de Catalunya, es que me acusa de haber dimitido -hace años- de catalán. Efectivamente uno de los problemas que ha fomentado el movimiento independentista es marcar y señalar a unos como buenos catalanes y a otros como malos catalanes; pero como mis orígenes son claramente catalanes, mis apellidos me delatan, no puede mandarme a casa y lo que hace es decir que he dimitido como catalán. He representado a Catalunya en organismos internacionales, he presidido el “Consell de l’Advocacia Catalana”, he formado parte del “Consell de Justícia de Catalunya”, el president Pascual Maragall me nombró en su equipo de asesores para implementar criterios de buen gobierno y transparencia en la administración de la Generalitat, entre otras muchas cosas, y todas ellas para mejorar nuestra Catalunya plural y rica. Y usted compañero Agustench ¿Qué ha hecho por Catalunya? ¿Qué ha hecho para poder dar carnets de buenos y malos catalanes?. No querido compañero, no he dimitido de catalán, todo lo contrario, quiero  una Catalunya plural, libre, democrática, porque nuestra tierra siempre ha sido ejemplo de tolerancia, y porqué no quiero que algunos puedan decidir quién es o no catalán, me siento más catalán que nunca, y por ello español, ese según usted es mi gran pecado, el que me excluye en su Catalunya única.

Nunca he negado, y quizás el no darse cuenta de ello desde algunos centros del poder, es una parte del problema, que el independentismo es una parte importante de la sociedad catalana, y que ello debe contemplarse en la solución a nuestros problemas. Y me hubiera gustado debatir con mi querido compañero, sobre las diferentes soluciones jurídicas, o la legalidad o no de un referéndum, o los efectos jurídicos del mismo, teniendo en cuenta que más de la mitad de los catalanes se negó a participar en él, y muchos de los que participaron lo hicieron votando en múltiples ocasiones como ha sido demostrado. O si lo que ocurrió el día 6 y 7 de septiembre fue un atentado a la democracia, o si el artículo 222 del Estatuto permitía la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, o si en dicha ley los jueces los nombra el poder ejecutivo desapareciendo la independencia judicial de ese periodo transitorio, en fin me hubiera gustado haber iniciado un debate jurídico que seguro nos hubiera enriquecido a todos. 
Pero mi compañero optó por la descalificación personal, en señalarme como mal catalán, intentado con ello excluirme de su Catalunya única, y para finalizar y -como es habitual en la Catalunya de hoy- calificarme, cuando se carecen de otros sólidos argumentos, de franquista, simplemente porque pienso diferente a él. Por ello, cabe finalmente preguntarnos nuevamente a raíz del artículo de mi apreciado compañero Sr. Agustench, ¿Donde está el fascismo? 

lunes, 6 de agosto de 2018

Donde está el fascismo



Artículo publicado en Diari de Tarragona el 6  de agosto de 2018

Este primer sábado de agosto, en plena ola de calor, hemos desayunado con el artículo del president Torra, haciendo un llamamiento “como un solo pueblo” contra el fascismo, impropio de quien pretende ser el presidente de todos los catalanes. Ya el título, es más propio de los fascismos del siglo pasado, eso de considerar “un solo pueblo” es típico de los movimientos totalitarios, Cataluña es  pueblo, pero no solo uno, hay muchas Cataluñas, y precisamente en su diversidad está su riqueza, su grandeza.

Vaya por delante, que condeno cualquier acto de violencia, venga de quien venga, pero calificar de fascistas a una parte de ciudadanos que pacíficamente retiran lazos amarillos es pretender criminalizar, y señalar a quien muestra su oposición al uso partidista de los espacios públicos. Torra en su artículo parece que hace suya esa frase altamente fascista de que las “calles serán siempre nuestras”, no President las calles son de todos los catalanes, y por ello no hay actitud más cercana al fascismo totalitario que considerar propios los espacios públicos, y condenar y señalar a ciudadanos que pretenden recuperar la neutralidad de los mismos. Y si hablamos de derechos, más derecho tienen quienes pacíficamente retiran los lazos, supliendo la inactividad de los ayuntamientos, inactividad cercana a la prevaricación omisiva, que quienes los colocan, ya que su colocación, además de ocupar el espacio público, infringe las ordenanzas municipales de cualquier ciudad.

Fascismo, Sr. Torra, es aprobar los días 6 y 7 de septiembre unas leyes que vulneran el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que aprobó el Parlament y refrendó el pueblo de Cataluña.

Fascismo, Sr. Torra, es intentar  declarar la independencia con el 48 % de los votos y en base a un referéndum ilegal, no reconocido por nadie, en el que la mayoría de la población catalana se negó a participar, sin ninguna garantía jurídica, y con un resultado de un 90 % a favor, resultado precisamente muy parecido a los referéndums de los estados fascistas.

Fascismo, Sr. Torra, es declarar persona non grata a la líder del partido más votado en Catalunya, impedir sus actos prohibiéndolos, insultarla, señalarla, y lo más grave, pedirle públicamente que regrese a su tierra de origen, y lo mismo podríamos decir de cualquiera que alza su voz en contra del agonizante “procés” y recibe similares “gentilezas”, todo esto sucede en Cataluña pero no le interesa.

Y por último Sr. Torra, fascismo es arrogarse la voz de todos los  Catalanes, como ha hecho usted este sábado, diciendo que los catalanes no tenemos Rey. No Sr. Torra, tan catalanes son los que consideran que no tienen Rey como los que consideran que sí lo tienen. Y aquí está la esencia del problema, creer que algunos no somos buenos catalanes, que no somos dignos de Cataluña, y eso, Sr. Torra, sí es fascismo.



Pere Lluís Huguet Tous

sábado, 9 de junio de 2018

Politica y ética



Artículo publicado en Expansión el 9 de junio de 2018

Desde que Aristóteles dividió el estudio de la política y la ética, parece que cada vez existe más distancia entre ellas. Me explico,  lo ocurrido la semana pasada en España, si bien políticamente supuso un ejercicio de madurez democrática, facilitando algo esencial como es la alternancia, éticamente la intervención de los lideres de los diferentes partidos dejó mucho que desear.
La tramitación de la moción ha sido impecable, roto el tabú del 155, a nuestra democracia solo le quedaba el tabú de la moción de censura, que nunca había llevado a destituir un gobierno. Por ello, nuestra democracia, ya madura por el trascurso de los años, alcanza la semana pasada su plenitud, al destituir a un gobierno salpicado por una sentencia judicial que pone fin a un proceso con severas condenas por corrupción.
No así la ética de los que intervinieron, en menos de una semana muchos se desdijeron de lo que habían dicho. Desde un PNV que hacía escasos días pactaba un presupuesto, para dar estabilidad al gobierno y obtener importantes beneficios, a un Pedro Sánchez que describió su postura como radicalmente contraria a esos mismos presupuestos, alegando que “Somos un partido serio. Frivolidades, ninguna”, pidiendo elecciones anticipadas, y negando cualquier apoyo a los mismos, por atacar el estado del bienestar, entre otras muchas cuestiones, para pasar a defender el jueves que ejecutaría los mismos “malévolos” presupuestos.  Todo ello para comprar los votos del PNV, votos que a su vez ya habían sido comprados por Mariano Rajoy, a precio de oro.
O Pablo Iglesias, que de negar la investidura de Pedro Sánchez en la legislatura fallida, a desgañitarse el viernes después de la votación gritando en el hemiciclo “si se puede”.
Escribió Aristóteles, en Ética a Nicómaco definiendo la ética en la política: “donde depende de nosotros decir “no”, somos también dueños de decir “si”.  Juan Tarda fulminó cualquier teoría Aristotélica para decir que: “nuestro voto es un sí pero que es un no”,  simplemente para justificar un voto, que hacía pocas horas negaban a cualquiera que hubiese apoyado el 155. Y todo ello en compañía de sus socios del PdeCAT, quienes  manifestaron que solo votarían a favor de la moción de censura si se hablaba de los políticos presos, alegando incluso en su discurso que no se entendería el voto afirmativo ya que en Cataluña había mucho “dolor”. Todos ellos pasaron, sin mayores explicaciones, y tragándose todo lo dicho, a votar a favor de la moción de censura.

Si realmente queremos regenerar la política, quizás lo más fácil sería acercar la política a la ética, o como decía Aristóteles, la política debe estar supeditada a la ética.

martes, 29 de mayo de 2018

La reforma del Poder Judicial




Artículo publicado en Diari de Tarragona el 29 de mayo de 2918

Desde que en 1985 fue aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial, diferentes reformas han modificado el sistema de elección de los miembros del Consejo, cuyas principales funciones sonel gobierno del Poder Judicial y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, ésta especialmente controvertida. Cada reforma se ha justificado por intentar dotarlo de mayor independencia, pero siempre bajo la sospecha de que cada una buscaba un mayor control del Consejo por parte del poder político, y así también la última, la del Ministro Gallardón, que no contentó a nadie. Ahora se acerca la finalización del mandato de los vocales y resulta imprescindible, ante el panorama político y judicial, reflexionar de nuevo sobre el sistema de elección de los mismos, como medio para dotarlo de mayor independencia. Un estado democrático moderno tiene como pilar básico la independencia del Poder Judicial, y cuanta más independencia mayor calidad democrática. En nuestra Constitución, el Artículo 122 regula someramente su composición, el Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales, de éstos, 12 entre jueces y magistrados, y 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado, elegidos por mayoría de 3/5 entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio con mas de 15 años de ejercicio. La remisión que la Constitución hace a la regulación posterior, por Ley Orgánica, de la elección de los 12 vocales judiciales es donde, generalmente, se han introducido diferentes y polémicos sistemas de elección, desde la elección directa por jueces y magistrados a sistemas mixtos como el actual en que los jueces deben presentar candidaturas, y sobre éstas es el Parlamento quien escoge a los vocales. 

El derecho comparado nos permite ver como han resuelto nuestros países vecinos el dotar de independencia al poder judicial; y en este sentido, especial relevancia tienen las últimas reformas realizadas al artículo 65 de  la Constitución Francesa. Hasta la reforma de 23 de julio de 2008, formaban parte del Consejo  Superior de la Magistratura, el Presidente de la República y el Ministro de Justicia, lo que aquí sería entendido como una interferencia del poder ejecutivo en el Judicial. En el marco constitucional Español sería impensable la participación en el Consejo de cargos del poder ejecutivo. Tras la reforma, el Consejo de nuestro país vecino lo componen: el Presidente del Tribunal de Casación, cinco Magistrados, un Fiscal, un Consejero de Estado, un abogado, y seis personalidades elegidas, dos por el Presidente de la Republica, dos por el Presidente de la Asamblea Nacional y dos por el Presidente del Senado. En Italia forman parte del Consejo, como vocales natos, el Presidente de la República y el Ministro de Justicia, y 2/3 de los vocales los eligen los jueces, y 1/3 el parlamento. En Alemania no existe órgano de gobierno y sus funciones se distribuyen entre varios organismos, pero al respecto de la función de nombramiento de jueces, regulada en el artículo 95 de su Constitución, se atribuye al Ministro de Justicia, junto a una comisión de elección de jueces compuesta por los Ministros de los Landers, e igual número de miembros nombrados por el parlamento.

Como podemos observar, sobre el análisis del derecho comparado, el sistema Español parece ser de los que dotaran de una mayor independencia, ya que no participa en el Consejo ningún miembro del ejecutivo, su mayoría es compuesta por jueces y magistrados, y los restantes miembros son elegidos por el parlamento mediante mayoría reforzada. Por ello, cabe preguntarnos, cómo es que reiteradamente se cuestiona la independencia del Poder Judicial, y la respuesta la encontraremos, no en la legislación, sino, en la voluntad de los diferentes partidos políticos para intervenir en el gobierno del poder judicial. Siempre me resultó sorprendente que los vocales de nombramiento parlamentario se pactaran de conformidad con las cuotas de poder en el Parlamento, y generalmente se nombrara a políticos con conocimientos jurídicos, cuando el espíritu de la Constitución es que sean juristas de reconocido prestigio. El interés por el control ha prostituido la norma, por ello, necesitamos una nueva reforma de la Ley, y que con ella la mayoría de los vocales -los doce que menciona la Constitución- sean elegidos directamente por los propios jueces, y un pacto de Estado para que los vocales de nombramiento parlamentario sean, como dice nuestra más alta norma, juristas de reconocido prestigio; y para ello, nada más fácil que dotar de trasparencia al proceso de elección, hacer públicos los méritos de quien pretende ser parte del órgano de gobierno de los jueces. Tenemos una legislación Constitucional del Poder Judicial de las más avanzadas de Europa en cuanto a su independencia, por mucho que se cuestione, nuestros jueces y magistrados están dotados de un alto grado de independencia; pero ello no es óbice para que mejoremos nuestro sistema del  órgano de gobierno que, por intereses políticos, ha dado una imagen distorsionada de un poder realmente independiente.

martes, 27 de febrero de 2018

Herederos del Pujolismo


Artículo publicado en Expansión el 27 de febrero de 2018

Una de las características del Pujolismo fue confundir como un solo concepto, Cataluña, la Generalitat, Convergencia e incluso la familia; era todo uno y además era suyo. Ese concepto ha resurgido con fuerza estos días confundiendo nuevamente lo institucional, lo político y el pueblo de Cataluña. 

El primero fue Ernest Maragall, con su discurso partidista como presidente de edad de la mesa del parlamento, olvidando el cargo institucional que ostentaba simplemente por ser el de mayor edad. El siguiente ha sido el presidente del Parlamento Catalán, el pasado viernes en el acto del Colegio de Abogados de Barcelona, acto dedicado a homenajear a los colegiados que han cumplido años en su ejercicio profesional o han destacado por diversas razones. Torrent convirtió su discurso en una arenga política acusando indirectamente de prevaricar a buena parte del auditorio y perdiendo el sentido de lo institucional, él estaba allí porque representa a todos los catalanes y volvió al Pujolismo más retrógrado, confundiendo su cargo con su partido y sus batallas políticas y judiciales. Ni era el momento ni era el lugar, destrozó lo que debía ser una fiesta de reconocimiento al trabajo.

Por último, la alcaldesa de Barcelona se ha convertido también en heredera y restauradora del Pujolismo, con su actitud de no acudir a la recepción del Jefe del Estado nuevamente pone de manifiesto la confusión entre lo institucional y lo político, ella representa a todos los barceloneses, independentistas o no, de derechas o de izquierdas. Además ha restaurado en Cataluña la medida ambigüedad del Pujolismo, de la que fue un extraordinario maestro el propio Pujol, no voy a la recepción, pero sí a la cena. 

Pero todo ello no tendría mayor importancia si no fuera por el inmenso daño que están haciendo a Cataluña y a España. Se imaginan la cara de las delegaciones de casi todos los grandes Colegios de Abogados de Europa presentes en el de Barcelona, cuando escucharon al presidente del Parlamento decir lo que dijo. Se imaginan la cara de los diferentes invitados de todo el Mundo, a la recepción del Jefe del Estado, cuando no vean a la máxima autoridad de Barcelona. Luego queremos ser influyentes en Europa y que el MWC se mantenga en Barcelona. Solo los países con poca o ninguna tradición democrática confunden lo institucional con los partidos o el posicionamiento partidista, y precisamente esa es una de sus características, la confusión de lo de “todos” con lo “nuestro”.

lunes, 26 de febrero de 2018

El Proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos


Artículo publicado en Diari de Tarragona el 26 de febrero de 2018

Hace pocos días, The Economist, publicó la revisión para 2017 del informe sobre el índice de democracia en el Mundo, que elabora  desde 2006 y que analiza todos los países mediante 60 indicadores. El índice clasifica a los países en cuatro categorías: Democracia plena, Democracia Imperfecta, Regímenes Híbridos y Regímenes Autoritarios. España está clasificada como Democracia Plena habiendo sufrido una reducción del índice, como consecuencia de los hechos acaecidos en Catalunya, que la acercan a Democracia Imperfecta. Solo publicarse el índice ciertos medios de comunicación y las redes sociales, titularon que España se acercaba a una democracia imperfecta como consecuencia del 1 de octubre, y obviaban que la clasificación la mantenía en la primera categoría, otorgada ésta solo a 19 países de todo el mundo, y que en la segunda categoría -la democracia Imperfecta- están países como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Portugal e Italia, entre  otros muchos. Debe preocuparnos que se reduzca el índice y requiere trabajar para mantenerlo pero también debemos ser conscientes de que nuestro sistema no es tan imperfecto como algunos, por intereses políticos y partidistas, intentan difundir. Destruir es muy fácil, construir una democracia es muy difícil. 

Otro de los índices, y quizás más fiable que el anterior, para poder medir el índice de democracia y libertades públicas de un país, es el análisis de las Sentencias del TEDH, cuantas más sentencias de condena menor respeto a los derechos Humanos, y viceversa. Además, el análisis puede tener especial relevancia ahora que parece que por fin va a llevarse el “Proces” a dicho Tribunal. Recuerdo diferentes mensajes de algunos dirigentes políticos anunciando interponer recurso a la Sentencia del TC sobre el Estatut de Catalunya ante el Tribunal de Estrasburgo. Recurso que nunca se formalizó, a excepción de uno que, a título individual, fue interpuesto por dos ciudadanos, e inadmitido a trámite. Tampoco se interpuso recurso al Tribunal Europeo contra ninguna de las sentencias dictadas por los Tribunales Españoles en relación al proceso independentista, a las que acusaban de vulnerar los derechos humanos, especialmente el derecho a la autodeterminación definido por los secesionistas como el primer derecho humano -preámbulo de la Ley del Referéndum-, siempre se ha amenazado pero nunca se ha formalizado. La última del propio presidente del Parlamento catalán, quien manifestó, hace pocos días, que interpondría el recurso ante el TEDH, a día de hoy no tengo constancia de que se haya presentado, y creo que correrá la misma suerte que los anteriores anuncios.

Pero analicemos las estadísticas, que publica el propio Tribunal, de las sentencias de condena dictadas en 2017 entre los países de nuestro entorno, por ejemplo Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Portugal. Pues bien, en 2017 Francia ha sido condenada en 6 ocasiones, Italia en 28, Alemania en 7, Bélgica en 7, y Portugal en 10. ¿Y España? Pues sorpresa, España ha sido condenada durante todo el año 2017 en 5 ocasiones. Y si analizamos las estadísticas desde 1979, año en que España ratifico el Convenio, los porcentajes no se apartan mucho de lo ocurrido en 2017, estamos entre los países con menos sentencias de condena.

Lo deseable sería que España no tuviera ninguna condena, y ese debe ser nuestro objetivo, pero los porcentajes de sentencias condenatorias son muy inferiores a los países de nuestro entorno. Todo ello, pone de manifiesto el miedo que los sectores soberanistas han demostrado en acudir al Tribunal Europeo, anunciando en múltiples ocasiones que la última palabra la tendría Estrasburgo, sin que por las características del proceso -legitimación y derechos protegidos en la Convención- se hayan atrevido. Una inadmisión o una sentencia absolutoria para España pondría fin al victimismo, y a la reiteradas manifestaciones de involución democrática de España.

Pero todo lo expuesto no es fruto de la casualidad, el bajo índice de condenas a España es consecuencia, de unos Tribunales de Justicia especialmente garantistas. Nuestros Jueces y Magistrados son extraordinariamente garantistas, precisamente muchos ciudadanos no han entendido sentencias que a pesar de la apariencia de culpabilidad del acusado, han sido absolutorias, por una interpretación garantista y acertada de nuestro derecho. Los Jueces lo han tenido muy claro siempre, porque además así lo han establecido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en infinidad de sentencias, que deben garantizar los derechos fundamentales de los imputados ahora investigados, y que una falta de fundamentación de una intervención telefónica o de una entrada y registro, o cualquier otra medida similar,  ha comportado la nulidad absoluta de la misma y de las pruebas obtenidas. En definitiva, no menospreciemos nuestro sistema judicial, que nada debe envidiar al de nuestros vecinos, y trabajemos para mejorarlo, dotarle de medios y conseguir así una justicia más eficaz y rápida.